EEUU: La SEC Acusa a Empresa de Cannabis de Estafa por USD 30 Millones

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó cargos contra American Patriot Brands Inc. (APB), una empresa de cultivo y distribución de cannabis, su director general y otras cinco entidades y personas por su participación en una estafa de larga duración en la que recaudaron más de USD 30 millones de más de 100 inversores de todo el país y desviaron millones de esos fondos para enriquecerse.

Según la denuncia de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, desde al menos mediados de 2016, APB, su CEO Robert Y. Lee, y los ejecutivos actuales y anteriores Brian L. Pallas y J. Bernard Rice hicieron una serie de declaraciones falsas y engañosas a los inversores sobre diversos aspectos de la empresa, incluida su situación financiera, el alcance de sus operaciones, el valor de su granja de cannabis de Oregon y la seguridad de invertir en APB.

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La denuncia alega que APB canalizó millones de los ingresos de los inversores a las cuentas personales de los ejecutivos de APB y gastó decenas de miles en los gastos personales de los ejecutivos.

“Según la denuncia de la SEC, American Patriot Brands Inc. y algunos de sus altos ejecutivos fabricaron beneficios y perspectivas empresariales para atraer a los inversores con falsedades que, al final, dejaron a los inversores con valores esencialmente sin valor”, dijo Carolyn M. Welshhans, Directora Asociada de la División de Ejecución de la SEC.

“Esta acción refleja el compromiso permanente de la SEC de exigir responsabilidades a quienes tratan de lucrarse mediante la mentira y el engaño”.

La demanda acusa a APB, Lee, Pallas, Rice y a las filiales de APB DJ&S Property #1 LLC, TSL Distribution LLC y Urban Pharms LLC de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales sobre valores y solicita medidas cautelares permanentes, la restitución con intereses de demora, sanciones civiles y la inhabilitación de Lee, Pallas y Rice como directivos y consejeros.

En la demanda se nombra como demandados a tres entidades afiliadas (Legion Accounting Services, Inc., Puerto Rico One Corp. y Castro Business Enterprises LLC.) que supuestamente recibieron millones de dólares de los inversores, y se solicita su devolución con intereses de demora.

El medio digital News Is My Business explicó que en abril de 2018, APB afirmó que PR-One estaría operando tiendas de cannabis al por menor en Puerto Rico, ya había completado cuatro adquisiciones de activos y se proyectaba que generaría ingresos en el tercer trimestre (julio – septiembre) de 2018. PR-One informó al gobierno de Puerto Rico tanto en 2018 como en 2019 que no poseía ninguna propiedad.

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Además, más de un año después de que PR-One supuestamente generara ingresos por la venta de cannabis, APB admitió que PR-One no había cultivado cannabis ni abierto ningún dispensario de cannabis, según la demanda judicial.

El 9 de marzo de 2019, Lee envió un correo electrónico a “Investor 5” afirmando que, en Puerto Rico, APB tenía 2,700 acres de cannabis bajo “Cultivo y exportación ahora” y que, en Curazao, APB tenía un “cultivo de exportación de 300 acres listo para comenzar, Aruba justo detrás”, según el documento.

“Lee afirmó además que APB tenía una orden de compra de un millón de libras de un comprador canadiense. Dado que Estados Unidos clasifica el cannabis como una sustancia controlada de la Lista I, habría sido ilegal para APB importar o exportar cannabis a o desde Canadá, Curaçao o Aruba. Además, APB no había cultivado directamente, ni a través de PR-One, cannabis en Puerto Rico”, afirma la SEC.

APB también había pagado a Castro Business Enterprises LLC (CBE) más de $2 millones por costos y gastos asociados con la compra por parte de CBE de bienes inmuebles en Puerto Rico, ninguno de los cuales estaba a nombre de APB o PR-One, la entidad a través de la cual APB supuestamente estaba llevando a cabo un negocio de cannabis en Puerto Rico.

En la oferta, APB afirmó que utilizaría los fondos de los inversores para comprar el 40% de PR-One y no reveló que ya había pagado más del doble del componente en efectivo del precio de compra por una participación del 40% en PR-One. APB continuó afirmando que PR-One poseía propiedades que serían operadas como dispensarios de cannabis, pero PR-One informó al gobierno de Puerto Rico en 2019 que no poseía ninguna propiedad.

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De los millones que APB pagó a PR-One o en su nombre, al menos $ 1.1 millones fueron tomados por Lee en efectivo para gastos menores, más de $ 140,000 fueron para alquileres de apartamentos en Puerto Rico (al menos uno de los cuales era un apartamento para Lee), y cantidades adicionales fueron para pagar los gastos de vida de Lee.

A pesar de los millones en pagos a PR-One, a finales de 2021, APB afirmó que no tenía ningún interés de propiedad en PR-One y APB ha recibido poco o nada a cambio de sus millones.

A finales de 2017 y principios de 2018, Lee y Pallas hicieron que APB pagara más de $2 millones a CBE, que CBE utilizó para comprar bienes inmuebles en Puerto Rico. La propiedad que CBE compró no estaba titulada a nombre de APB o PR-One, la entidad que APB afirmó que estaba utilizando para desarrollar propiedades inmobiliarias en Puerto Rico en dispensarios de cannabis.

PR-One es una sociedad puertorriqueña con domicilio en San Juan. Lee es el presidente del consejo de PR-One.

CBE, anteriormente conocida como Castro Business Enterprises, Inc. y que opera como Castro Cash and Carry y NGX Military Store, es una corporación puertorriqueña con sede en San Juan. Ricky Castro, pasado presidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) es el presidente de CBE y propietario del dispensario UpLeaf en Puerto Nuevo.

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Castro también fue mencionado el año pasado en el escándalo de la pesquisa federal sobre el Súper PAC “Salvemos Puerto Rico”, que recaudó fondos para la campaña del gobernador Pedro Pierluisi. Aunque no se le vinculó a ninguna ilegalidad, sí se revelaron audios durante la pesquisa que detallaban las acciones de Pierluisi en su antiguo rol como cabildero.

“Yo tengo una de las plantaciones de cannabis más grandes en los Estados Unidos. Vendo $37 millones en marihuana todos los años, y la ley viene restrictiva en el sentido de que capital exterior no puede entrar a Puerto Rico.  Y yo le digo:  Pedro (Pierluisi), yo tengo un inversionista que puede invertir $200 millones para poner el precio”, añade Castro.

“¿Tú sabes cuánto a mí me cuesta una libra? Un alto. A mí me cuesta la libra, producirla en Portland, Oregon, me cuesta $117 la libra. Aquí está costando $800.  Y yo le digo, yo tengo la tecnología, yo tengo la capacidad, pero necesito traer $200 millones de inversión en una corporación pública. Y la ley dice que no puede haber más del 51%, que tiene que ser local”, añade en el audio.

“Y yo le digo: Pedro (Pierluisi), si nosotros logramos que la ley se enmiende, que una corporación pública de Puerto Rico se vaya a la bolsa de valores y ‘levante’ (recaude) $200 millones, este es mi plan de trabajo. Necesito enmendar la ley para que diga así mismo:‘una corporación pública de Puerto Rico, que treidee (“to trade” en inglés o intercambie) en una bolsa de valores reconocida, que se le permita y se le haga una excepción a eso”.

Castro concluye el audio diciendo: “Cuando me escribe el proyecto, yo empiezo a cabildear por el proyecto. Lo llevo a los senadores, no tuve el apoyo, pero lo vieron bien. ¿Y sabes lo que hicieron?  Se lo dieron al reglamento. Y el reglamento dice eso mismo, el mismo proyecto que me escribió Pedro Pierluisi”.

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El año pasado, el Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional (Figna), finalizó el contrato de CBE como concesionario de las tiendas militares en Puerto Rico. Posteriormente, CBE demandó a Figna por incumplimiento de contrato.

La investigación de la SEC fue llevada a cabo por Andrew Elliott y Brianna Ripa, con la asistencia del contable Jamie Wohlert, y fue supervisada por la Sra. Welshhans y Amy L. Friedman. El litigio será dirigido por Samantha Williams y supervisado por James Carlson.

Vía Revista Crónicas.

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