Informe Revelador: Industria Farmacéutica, Responsable de la Crisis de Opioides, Multada con USD 82.000 Millones por Prácticas Fraudulentas
Según un informe reciente de ConsumerShield, en la última década se ha producido un aumento de acuerdos y multas en el sector farmacéutico, que ha superado la asombrosa cifra de USD 80.000 millones.
El informe de ConsumerShield se publicó el 17 de octubre y se titula Equilibrio entre las ganancias, sanciones y seguridad pública en la industria farmacéutica. Deja información esclarecedora sobre el hecho de que una parte significativa de estas infracciones por parte de la industria farmacéutica está relacionada con los opioides sintéticos, famosos por su naturaleza adictiva y su potencial para causar trastornos respiratorios.
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El medio inglés London Loves Business, en su cobertura del estudio, revela que desde 2010 la industria farmacéutica ha sido objeto de sanciones por valor de USD 82.800 millones en más de 500 casos documentados. Estas infracciones abarcan cuestiones como el incumplimiento de las normas de seguridad de medicamentos y dispositivos médicos, la promoción de productos médicos sin la debida autorización, el incumplimiento de la Ley de Reclamos Falsos de EEUU y una serie de otras transgresiones.
La empresa infractora principal en este aspecto es Johnson & Johnson, que encabeza la lista con más de 45 infracciones registradas durante el periodo del estudio, que han dado lugar a la asombrosa cifra total de USD 24.500 millones en sanciones. Johnson & Johnson pagó la colosal cifra de USD 18.000 millones de estas sanciones en los últimos cinco años, exclusivamente por casos de opioides y del famoso talco corporal.
Le sigue de cerca Teva Pharmaceuticals, que se enfrenta a sanciones por el valor de USD 8.500 millones, mientras que AbbVie tiene que hacer frente a sanciones de USD 7.100 millones. La farmacéutica GSK plc se sitúa un poco por detrás, con sanciones por un total de USD 5.600 millones, y Pfizer también ha tenido que hacer frente a sanciones por valor de USD 3.200 millones.
El informe también destaca arreglos judiciales notables, con un caso particularmente prominente: Purdue Pharma, que tuvo que pagar USD 8.300 millones. El 21 de octubre de 2020, el Departamento de Justicia anunció una multa sustancial, que marcaba la culminación de sus investigaciones penales y civiles sobre Purdue Pharma, fabricante de opioides, y una resolución civil en relación con determinados accionistas de la familia Sackler.
Purdue y lxs Sackler insistieron incansablemente en promocionar su medicamento OxyContin y otros productos hechos con opioides a más de 100 proveedores de atención sanitaria. La empresa accionó a consciencia de que existían pruebas sustanciales sobre el uso indebido de opioides y la existencia de presentación de información engañosa a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para, de esta manera, inflar las cuotas de producción de Purdue.
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Durante este trágico periodo, cientos de miles de personas sucumbieron a sobredosis mortales. El informe de 2021 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) reveló que los opioides desempeñaron un papel devastador en esta crisis, y que los opioides sintéticos eran la causa de casi el 88% de las muertes por sobredosis. En 2021, los opioides fueron directamente responsables de la asombrosa cifra de 80.411 muertes relacionadas con sobredosis en EEUU, lo que constituye el 75,4% de todas las muertes por sobredosis de drogas.
Este sombrío pico de sobredosis provocó un aleccionador contraste cuando se comparó con las muertes relacionadas con la heroína, que apenas alcanzaron las 9.000 en 2021, a menos que se combinaran con otros opioides. Sin embargo, la incidencia de las sobredosis de opioides sintéticos fue casi diez veces mayor.
El Fiscal General Adjunto de EEUU, Jeffrey A. Rosen, subrayó el impacto del uso indebido y otros usos inapropiados de opioides recetados, haciendo hincapié en cómo esto ha contribuido a una tragedia nacional de adicción y pérdida de vidas, además del daño causado por los opioides ilícitos de la calle.
El Fiscal también señaló que la implacable búsqueda de la justicia por parte del Departamento de Justicia de EEUU ante la crisis de opioides se ve reflejado en las condenas penales, en un acuerdo federal que supera los USD 8.000 millones y en la disolución de una empresa, reorientando sus activos en beneficio del público.
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Aunque muchxs son conscientes de las devastadoras consecuencias de la epidemia de opioides, es esencial considerar también la cuestión del talco corporal. Los productos farmacéuticos tienen el potencial de dañar a las personas de otras maneras. Las demandas relacionadas con los polvos de talco alegan que lxs consumidores desarrollaron cáncer tras el uso de los talcos para bebés de Johnson & Johnson.
La advertencia del informe sobre la industria farmacéutica y sus prácticas fraudulentas con los opioides
El informe ConsumerShield afirma embarcarse en una exploración exhaustiva de la dinámica actual de la industria farmacéutica, con un profundo sentido de la urgencia y un gran sentido de la responsabilidad.
La investigación pretende desentrañar si las ganancias cada vez mayores que reciben las farmacéuticas eclipsan involuntariamente los requisitos cruciales de seguridad del consumidor, prácticas éticas de promoción e iniciativas de investigación innovadoras.
El notable contraste entre las inversiones en investigación y desarrollo y el suntuoso gasto en marketing, junto con la persistente presencia de conductas poco éticas a pesar de las costosas sanciones, obliga a que se haga una evaluación exhaustiva sobre cuál es la dedicación de la industria a las normas éticas y al bienestar de lxs consumidores.
Lxs representantes de ConsumerShield expresan su profunda preocupación por las implicaciones de los datos. Por su parte, Jane Doe, analista principal de ConsumerShield, señaló durante una entrevista con el medio London Loves Business que el marcado contraste entre el aumento de los ingresos y el incremento de las multas es realmente desconcertante. Sin embargo, lo que resulta aún más alarmante es la evidente divergencia entre las inversiones de las empresas en investigación y desarrollo (I+D) y sus gastos masivos en marketing.
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La Ley de Reclamos Falsos es la principal herramienta jurídica del gobierno federal de EEUU para combatir el fraude contra el Estado, con un componente dedicado a salvaguardar los derechos de lxs consumidores.
Las empresas farmacéuticas declaradas culpables de participar en actividades ilegales de comercialización o promoción de sus medicamentos han incurrido en importantes sanciones económicas en virtud de la Ley Federal de Reclamos Falsos. Generalmente, son varias las personas que inician estos casos.
Entre ellas se incluyen representantes de ventas farmacéuticas, directores de ventas, responsables de cumplimiento, otros miembros del personal de las empresas farmacéuticas, médicxs, enfermerxs, así como empleadxs de centros sanitarios o consultas médicas, tal como se indica en el resumen del Fraude Farmacéutico de la Ley de Reclamos Falsos.
El informe sobre las prácticas de la industria farmacéutica subraya las consecuencias de comercializar opioides a pesar de tener mucho conocimiento sobre los efectos potencialmente letales, incluso en los casos en que los opioides son realmente necesarios para tratar un dolor intenso.
Conclusión
Las preocupaciones éticas y de salud pública de la industria farmacéutica se ven subrayadas por las importantes sanciones impuestas en virtud de la Ley Federal de Reclamos Falsos. Estas sanciones son el resultado de prácticas ilegales de comercialización de medicamentos para usos fuera de lo indicado, a menudo reveladas por diversas personas de la industria y el sector sanitario. El informe también destaca las graves consecuencias de comercializar opioides a pesar de las claras advertencias sobre sus riesgos.
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Lograr un equilibrio entre los beneficios y la seguridad pública, dar prioridad a las prácticas éticas y fomentar una auténtica innovación sigue siendo un reto importante para la industria. El escrutinio continuo y los esfuerzos concertados son esenciales para mantener las prácticas éticas en la atención sanitaria, proteger la salud pública y garantizar que las empresas farmacéuticas den prioridad a la investigación y a la comercialización responsable.
Vía Cannabis.net, traducido por El Planteo
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