Italia Prohíbe Todas las Flores de Cáñamo y CBD: Sin Filtros, Sin Diálogo, Sin Ciencia

• Italia prohíbe las flores de cáñamo y el CBD por decreto, afectando miles de empleos y empresas.
• El decreto choca con leyes europeas y fallos que reconocen al CBD como legal y no narcótico.
• Productores preparan acciones legales para frenar una medida vista como caótica e injustificada.

El gobierno de Giorgia Meloni en Italia —en un movimiento más impulsivo que estratégico y sin previo aviso ni diálogo— prohibió de forma inmediata el cultivo, procesamiento, comercialización y posesión de flores de cáñamo y cannabinoides, incluso los no psicotrópicos como el CBD, según informa Hemp Today.

La medida fue realizada intempestivamente, mediante un decreto de emergencia aprobado el viernes por la noche, invocando el Artículo 77 de la Constitución italiana. Éste permite legislar por decreto, en casos de “necesidad y urgencia”, una vía reservada para situaciones excepcionales y no exenta de críticas.  Desde su publicación, el Parlamento tendrá 60 días para ratificarlo o dejarlo sin efecto, mientras que la última palabra la tendrá su Presidente Sergio Mattarella.

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El decreto, parte del llamado Decreto Sicurezza vinculado a temas de “seguridad nacional”, cayó como una bomba sobre una industria entera: decenas de miles de productores, PYMEs, comercios y trabajadores quedaron al borde del abismo económico.

Lo que se venía construyendo con esfuerzo, inversión y legalidad, ahora queda en suspenso. Es más: la medida también choca de frente contra fallos previos de la Unión Europea, que consideran al CBD un producto legal y no narcótico.

¿Qué significa este decreto?

A partir de ahora, cualquier actividad vinculada a flores de cáñamo —incluso las ricas en CBD y con niveles mínimos de THC— se considera ilegal en toda Italia. Esto incluye la producción, la venta, el transporte y la posesión, golpeando directamente a miles de pequeños productores, empresas emergentes y consumidores que utilizan CBD con fines terapéuticos y de bienestar.

El decreto fue introducido como parte del Artículo 18 de un proyecto de ley de seguridad más amplio, que había estado estancado durante meses en el Parlamento. Sin embargo, el gobierno de la Primera Ministra Giorgia Meloni lo reactivó y aceleró su entrada en vigor con el uso del decreto de urgencia.

Un golpe directo a la economía

La industria del cáñamo en Italia no es menor. De acuerdo con asociaciones como Canapa Sativa Italia, esta medida amenaza entre 22.000 y 30.000 empleos y podría llevar a la quiebra a más de 3.000 empresas. No solo eso: según un análisis de MPG Consulting, la industria del cannabis light en Italia representa un impacto económico de EUR 2.000 millones.

Para muchas de estas empresas, la decisión del gobierno italiano representa el fin de años de trabajo, inversión en infraestructura, desarrollo científico y construcción de un mercado que hasta ahora se movía en el marco de la legalidad europea.

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“Esta medida destruye una realidad económica y social consolidada. Anula inversiones millonarias realizadas en infraestructura, investigación y desarrollo de productos innovadores”, afirmaron en un comunicado oficial desde la asociación cannábica.

Asimismo, la medida prohíbe de manera explícita “la comercialización de productos derivados del cáñamo que contengan sustancias con efectos narcóticos o psicotrópicos, independientemente de su contenido de THC”, según lo que se publicará en la Gazzetta Ufficiale (Boletín Oficial). Esto afectará no solo a productores de cáñamo industrial, sino también a tiendas que venden flores de CBD, cosmética cannábica, suplementos, productos de wellness y hasta alimentos con derivados del cáñamo.

Diálogo ignorado, reacción unánime

Durante meses, asociaciones del sector, cámaras agrícolas (Confagricoltura, CIA, Copagri, Coldiretti), expertos jurídicos, y organizaciones civiles intentaron abrir canales de diálogo con el gobierno para advertir sobre el daño económico y jurídico de esta decisión. Sin embargo, el Ejecutivo optó por avanzar sin consultas.

En un comunicado conjunto difundido por Canapa Sativa Italia y otras organizaciones del sector, se expresó con contundencia: “Con esta norma, todos nosotros somos ahora pasibles de procedimientos penales y medidas cautelares, solo por haber desarrollado una actividad que hasta ayer era perfectamente lícita y reconocida por el Estado. Es un golpe a la dignidad del trabajo y una grave lesión a la confianza entre ciudadanos e instituciones”.

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Confagricoltura emitió un comunicado señalando su “fuerte preocupación” y alertó sobre la “parálisis del sector”, ya que muchas empresas agrícolas cuentan aún con materia prima en stock. Advirtieron también que el decreto, tal como está redactado, expone a estas empresas a sanciones previstas por la Ley 309/90 de drogas.

Cabe recordar que en octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Lacio había suspendido un decreto similar del Ministerio de Salud que clasificaba al CBD como estupefaciente, señalando que carecía de base legal y afectaba derechos adquiridos. Sin embargo, el nuevo decreto ignora ese precedente judicial, profundizando la inseguridad jurídica y dejando en evidencia una desconexión preocupante entre los poderes del Estado.

Las asociaciones están preparando recursos legales urgentes, incluyendo amparos y medidas cautelares ante tribunales nacionales y europeos, y han lanzado una petición europea para frenar lo que consideran una regresión en derechos adquiridos y una amenaza a la seguridad jurídica.

¿Y el derecho europeo?

El nuevo decreto italiano choca directamente con el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 2020 que sostuvo que el CBD no puede considerarse narcótico y que su comercio no puede ser prohibido sin evidencia científica clara de riesgo a la salud. Además, la normativa de libre circulación de mercancías dentro de la UE protege el intercambio de productos derivados del cáñamo con menos del 0.3% de THC.

Italia ya había comenzado este giro prohibicionista en 2024, cuando el Ministerio de Salud intentó clasificar el CBD de uso oral como narcótico, aunque su inclusión definitiva aún depende de una decisión del TAR (Tribunal Administrativo Regional).

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Todo esto sugiere que el futuro inmediato del cáñamo en Italia está en suspenso. Lo único seguro es que este decreto ha generado una grieta profunda entre el Estado y una industria que apostó por la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo rural.

Tristemente, no se trata solo de una medida torpe. Es, directamente, una invitación al caos: crea un limbo legal, vulnera derechos, destruye empleos y manda un mensaje claro desde el Ejecutivo italiano, uno que grita más castigo que regulación.

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