Las Dos Caras de Trump: Indultos para Algunos, Pena de Muerte para Otros en su Política de Drogas
- Trump nombra a Alice Johnson, exreclusa por delitos de drogas, como asesora de indultos.
- Mientras tanto, aboga por la pena de muerte para traficantes, generando una fuerte contradicción.
- Su postura sobre el cannabis sigue siendo ambigua, dejando incertidumbre en la industria.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dado un giro sorprendente en su enfoque sobre política punitiva. La semana pasada, anunció el nombramiento de Alice Marie Johnson, una mujer de Tennessee cuya cadena perpetua por un delito de drogas conmutó Trump en 2018, como su nueva “zarina de los indultos”. La decisión coincide con la insistencia del presidente en aplicar la pena de muerte para traficantes de drogas, dejando al descubierto una contradicción en su visión sobre la justicia.
De la prisión a la Casa Blanca: El giro de Alice Johnson
Alice Johnson, una abuela que fue condenada por un primer delito no violento relacionado con las drogas, pasó más de dos décadas tras las rejas antes de que Trump le concediera un indulto en 2018, tras una mediática campaña de Kim Kardashian. En 2020, recibió un indulto total y, desde entonces, ha sido una firme defensora de la reforma del sistema judicial.
Trump hizo el anuncio en una recepción por el Mes de la Historia Negra en la Casa Blanca, apenas cuatro semanas después de regresar a la presidencia. “Alice estuvo en prisión por algo que hoy probablemente ni siquiera sería procesado”, afirmó el mandatario al presentar su nuevo rol como asesora en casos de indulto.
Mano dura contra las drogas y ambigüedad con el cannabis
Mientras confía en una exreclusa para recomendar casos de clemencia, Trump promueve simultáneamente las penas más extremas para delitos relacionados con drogas. Ha insistido en que el Congreso apruebe leyes para imponer la pena de muerte a los traficantes, argumentando que es una medida “muy humana” y disuadiría el crimen.
Según Marijuana Moment, en una reunión con gobernadores en la Casa Blanca, Trump aseguró: “Si observan, cada país que tiene pena de muerte no tiene problema de drogas. Ejecutan a los traficantes”.
Añadió además: “Y si lo piensan, es algo muy humano, porque cada traficante de drogas, en promedio, mata al menos a 500 personas, sin contar el daño que causa a muchos otros”.
Sin embargo, no hay datos públicos ni estudios que respalden la afirmación de que cada traficante es responsable de 500 muertes. Organizaciones de verificación de datos han señalado que esta cifra carece de sustento creíble.
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En paralelo, su administración planea una nueva campaña nacional antidrogas con un presupuesto estimado entre 100 y 200 millones de dólares, además de instar a los gobernadores a endurecer las penas contra el narcotráfico. Trump también ha ordenado restablecer la pena de muerte a nivel federal, una política que, según investigaciones, afecta desproporcionadamente a la población negra encarcelada.
Por otro lado, la postura del presidente sobre el cannabis sigue siendo incierta. Antes de la elección, insinuó estar abierto a su reclasificación e incluso a la legalización en Florida. No obstante, sus nombramientos y su retórica reciente apuntan a un regreso a políticas más conservadoras en materia de drogas, dejando a la industria del cannabis en incertidumbre.
¿Reforma o castigo? La paradoja de su política de justicia criminal
Nombrar a Alice Johnson como asesora en indultos mientras se impulsa la pena de muerte para delitos de drogas genera un fuerte contraste en la administración de Trump. Por un lado, se promueve la redención y las segundas oportunidades, usando a Johnson como ejemplo. Por otro, se endurecen las penas hasta el extremo de la ejecución, lo que genera dudas sobre la coherencia y equidad de su visión de justicia.
Este doble discurso ha levantado críticas de activistas y legisladores, quienes se preguntan si la política de Trump realmente apunta a la reforma o si representa un retroceso a las duras estrategias antidrogas del pasado.
La contradicción entre clemencia y castigo sigue alimentando un debate candente en EE.UU., con implicaciones que podrían marcar el rumbo de la política criminal en los próximos años.
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