Trump Vs. Venezuela: Cómo la Guerra Contra las Drogas Cambia de Piel (Pero Sigue Siendo la Misma)

Cuando un gobierno etiqueta algo como “política antidrogas”, puede ampliar el espectro de lo justificable. Tomando la captura de Maduro como caso de estudio, este artículo analiza los cargos, las debilidades que los críticos ven en su arquitectura legal y por qué la guerra contra las drogas sigue utilizándose como herramienta de política exterior.

¿Qué tan profundo llega realmente el problema cuando se rasca la superficie?

Hay un truco recurrente en la política exterior estadounidense: consiste en tomar una disputa estratégica, envolverla en una narrativa criminal y dejar que el lenguaje de la “aplicación de la ley” haga el resto. El ejemplo moderno más notorio fue, hasta hace muy poco, la guerra en Irak, que comenzó en 2003 y duró formalmente hasta 2011; una guerra justificada públicamente mediante afirmaciones sobre armas de destrucción masiva que finalmente no resistieron escrutinio alguno.

Ahora, la administración de Trump vuelve a recurrir al lenguaje de la aplicación de la ley, esta vez para justificar la captura directa de un jefe de Estado extranjero bajo la bandera de un proceso penal. La captura y traslado de Nicolás Maduro a Nueva York se presenta como la tan esperada concreción de un caso de narcoterrorismo. Lo sorprendente no es solo el regreso de esta estrategia, sino la insistencia en que las acciones militares y coercitivas aún deben revestirse de una coraza jurídica. Los críticos encuentran impactante lo débil, elástica y basada en suposiciones que parece la arquitectura legal una vez examinada de cerca, especialmente en las mismas cuestiones que un juicio real está diseñado para evaluar.

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A partir del 4 de enero de 2026, Maduro se encuentra bajo custodia federal en Nueva York, recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Imágenes y videos publicados en las 24 horas previas lo muestran escoltado por agentes estadounidenses tras su llegada, mientras espera su primera comparecencia ante el tribunal federal de Manhattan.

La pregunta para cualquier lector serio no es si Venezuela es un país marcado por una profunda corrupción. Lo es. La pregunta es si este caso trata realmente sobre narcotráfico, o si las “drogas” son simplemente el envoltorio jurídico conveniente para un acto geopolítico cuyo verdadero centro de gravedad es el poder, la soberanía y, sutilezas aparte, el petróleo.

En declaraciones públicas, Donald Trump ha sido inusualmente directo sobre este último punto. El gobierno ha declarado abiertamente su intención de “gobernar” Venezuela temporalmente, reconstruir la infraestructura petrolera con importantes empresas estadounidenses y supervisar una transición hacia un cambio de régimen, probablemente poniendo fin a más de veinticinco años del proceso “chavista”.

Para los críticos, el caso legal parece menos la causa de la intervención que una justificación retroactiva de la misma.

La paradoja es que la historia de la guerra contra las drogas acaparará los titulares, porque es el envoltorio legal que volvió legible la operación. Así que veamos las acusaciones que Maduro enfrentará ahora en los tribunales.

Las acusaciones (y por qué hacen agua)

La estrategia legal contra Maduro comenzó en marzo de 2020, durante el primer mandato de Donald Trump, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal en el Distrito Sur de Nueva York, que involucra al presidente venezolano y a otros altos funcionarios en delitos relacionados con narcóticos y terrorismo. Ese caso inicial marcó un cambio decisivo en la política estadounidense: en lugar de basarse únicamente en sanciones, aislamiento diplomático o presiones encubiertas, el gobierno comenzó a enmarcar el cambio de régimen a través del lenguaje del derecho penal, presentando a Venezuela como un “narcoestado” y redefiniendo la confrontación geopolítica como una cuestión de aplicación de la ley.

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El 4 de enero se publicó una acusación formal sustitutiva que se basa en el caso original de 2020 en el Distrito Sur de Nueva York. La acusación establece cuatro cargos contra Maduro: conspiración narcoterrorista; conspiración para importar cocaína a Estados Unidos; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos para promover el narcotráfico; y conspiración para poseer dichas armas.

Además de Maduro, la fiscalía nombra a un grupo heterogéneo de presuntos cómplices que incluye a figuras chavistas de alto rango como Diosdado Cabello Rondón, el exministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín, la primera dama Cilia Flores —detenida en la operación denominada Resolución Absoluta— y el hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, mejor conocido como “Nicolasito”. Completa la lista Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, un capo criminal en la práctica y el único acusado cuyo perfil se asemeja claramente al de una figura tradicional del crimen organizado.

En conjunto, estos cargos conllevan una pesada carga probatoria. Y, estructuralmente, el caso de Maduro enfrenta dificultades inusuales para cumplirla.

Acusación #1: Conspiración narcoterrorista

El narcoterrorismo es una teoría jurídica muy específica. Requiere que la fiscalía demuestre que el narcotráfico se llevó a cabo con el propósito de brindar apoyo material a una organización terrorista designada. Los juristas suelen describirlo como una fusión de la legislación sobre drogas y la legislación antiterrorista. Por lo tanto, las penas se incrementan drásticamente cuando se demuestra que el tráfico financia el terrorismo, y las condenas pueden conllevar penas de hasta cadena perpetua.

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En la acusación original de 2020, el Departamento de Justicia basa este cargo en la antigua condición de las FARC como Organización Terrorista Extranjera, alegando una larga alianza entre funcionarios venezolanos y su liderazgo. Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) fueron un grupo guerrillero marxista que luchó contra el gobierno colombiano durante décadas y fueron designadas como organización terrorista por Estados Unidos antes de que un acuerdo de paz de 2016 condujera a su desmovilización y transformación en un partido político legal.

Incluso si se asume una corrupción generalizada o la facilitación del tráfico de drogas, este cargo aún requiere prueba de que la conspiración vinculada al narcotráfico estuvo intencionalmente vinculada al apoyo terrorista. En los casos convencionales, dicha intención se demuestra mediante comunicaciones, planificación operativa, transferencias financieras y testimonios que resisten el contrainterrogatorio.

En este caso, los fiscales deben probar la intención desde la cúpula del aparato estatal, a lo largo de décadas, en un contexto donde se disputan hechos clave y el presunto socio terrorista está política e históricamente fragmentado. La desmovilización y posterior fragmentación de las FARC complican cualquier narrativa sobre “las FARC”, obligando a los fiscales a especificar qué estructuras, durante qué períodos, cumplirían con el requisito de terrorismo del estatuto. La acusación intenta subsanar esta deficiencia alegando continuidad, pero la continuidad por sí sola no constituye prueba de intención.

Acusación #2: Conspiración para la importación de cocaína

El segundo cargo alega una conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Trump ha hablado públicamente de “miles de toneladas” supuestamente canalizadas al mercado estadounidense por el gobierno venezolano, presentando a Venezuela como un importante exportador de cocaína a Norteamérica.

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Esta descripción contradice la realidad empírica básica. Venezuela no es un gran productor de cocaína y, si bien ha funcionado como corredor de tránsito, la mayor parte de la cocaína consumida en Estados Unidos no pasa por Venezuela como ruta principal. Las redes de tráfico contemporáneas están fragmentadas y son multidireccionales, moldeadas en gran medida por cárteles mexicanos, corredores marítimos y centros de distribución que se extienden mucho más allá de cualquier país o canalización controlada por el Estado.

Legalmente, los tribunales estadounidenses pueden procesar conspiraciones de drogas extranjeras, pero el problema radica en que estos casos dependen de demostrar un objetivo claro dirigido por Estados Unidos: que la conspiración tenía la intención específica de introducir drogas en el país y que el acusado accedió conscientemente a dicho objetivo. La ubicación geográfica de Venezuela complica esta afirmación.

Acusación #3 y #4: Armas y la expansión de la responsabilidad

Los cargos por armas son los más dramáticos y también los más reveladores. La fiscalía alega que la conspiración habría involucrado protección armada y posesión de armas para promover el narcotráfico, invocando leyes federales que imponen severas penas obligatorias cuando las armas de fuego están vinculadas a delitos de drogas.

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Maduro no está acusado de posesión personal de armas. Más bien, la fiscalía busca responsabilizarlo por la dimensión armamentística de una presunta conspiración en expansión. Esto solo es legalmente posible si el gobierno puede demostrar un estrecho vínculo causal entre las decisiones de los líderes y la conducta específica relacionada con las armas.

El cuarto cargo —conspiración para poseer esas armas— funciona en gran medida como refuerzo, permitiendo a los fiscales argumentar que los líderes acordaron una postura militarizada como parte de la operación.

Amplía la narrativa, pero también amplía los argumentos que la defensa puede atacar.

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Desde una perspectiva legal, se espera que los abogados defensores argumenten que el caso contra Maduro y su esposa enfrenta serios obstáculos estructurales. Comprender estas fallas legales ayuda a aclarar por qué los críticos cuestionan qué impulsa realmente la operación estadounidense en Venezuela. Y sostienen que es poco probable que se trate principalmente de exportar la libertad democrática al pueblo venezolano.

Más interesante aún, la operación contra Maduro encaja perfectamente en un patrón más amplio de la era Trump, que utiliza el lenguaje de las drogas y los cárteles para expandir el poder ejecutivo más allá de las fronteras estadounidenses, lo que incluyó el bombardeo de varios barcos en alta mar, con un saldo estimado de cien muertos. Esa cifra se suma a las 80 víctimas reportadas de la intervención directa en Caracas.

Antes de Venezuela, Trump planteó repetidamente la idea de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y usar la fuerza estadounidense de forma más agresiva contra ellos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se vio obligada a rechazar públicamente la idea de una intervención militar estadounidense en suelo mexicano en varias ocasiones.

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En Colombia, se ha empleado una retórica similar. Las sanciones estadounidenses y los mensajes del Tesoro han acusado al gobierno colombiano de permitir el florecimiento del narcotráfico, presentando la acción unilateral estadounidense como necesaria para detener la “inundación” de drogas en Estados Unidos.

E inmediatamente después de la operación de Maduro, Trump advirtió que otros gobiernos, incluidos México y Colombia, “podrían ser los siguientes”.

Esto, creen los críticos, es lo que realmente se esconde detrás del pretexto del narcotráfico. El lenguaje de las drogas se convierte en una justificación extensible para la coerción mucho más allá de la interdicción real, extendiéndose hasta donde el poder lo requiere. No es sorprendente que los gobiernos a los que se dirige esta lógica tiendan a ser aquellos políticamente desalineados con Washington.

Al mismo tiempo, el supuesto absolutismo moral de la “guerra contra las drogas” resulta sorprendentemente selectivo. En diciembre de 2025, Donald Trump indultó a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quien fue condenado en un tribunal federal estadounidense por cargos de narcotráfico a gran escala y sentenciado a décadas de prisión.

Una vez más, las drogas aparecen menos como la causa que como la tapadera: un patrón habitual en una guerra contra las drogas que ha sobrevivido durante mucho tiempo a su propósito declarado.

Nota del editor: Este artículo es un análisis de cómo se han utilizado históricamente los marcos de la guerra contra las drogas en la política exterior. No respalda a ningún gobierno ni actor político.

Vía High Times, traducida por El Planteo.

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