A 14 años del Fallo ‘Arriola’ ¿Cómo Evolucionaron las Políticas de Drogas en Argentina?

El Fallo “Arriola” es conocido por sentar un precedente en materia de tenencia de estupefacientes para uso personal en Argentina. Si bien hubo otros, fue este fallo el que dio pie a la apertura de la conversación en torno al uso personal de sustancias en aquella época.

En 2006, en la ciudad de Rosario, la justicia había ordenado un allanamiento porque se denunciaron “movimientos típicos” relacionados con la venta de drogas. La cuestión llegó a juicio, luego de que se secuestrara la evidencia que condenaría a Sebastián Arriola por el delito de tráfico de estupefacientes con fines de comercialización. Es decir, que no fue Arriola quien tenía los estupefacientes para uso personal, sino otras seis personas.

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A estas personas le encontraron una cantidad de entre uno y tres porros. Por lo que el planteo de la defensa fue apuntar al principio de reserva, en el artículo 19 de la Constitución. Con lo cual, la defensa expuso que la cantidad de marihuana encontrada no infería en la generación de una dependencia física o psíquica que afecte la salud.

En fallos anteriores similares, como “Colavini” y “Montalvo”, se determinó la criminalización, mientras que en otros como “Bazterrica” y “Capalbo”, la jurisprudencia declinó la criminalización por tenencia de estupefacientes para uso personal. Para el Fallo “Arriola”, el tribunal volvió a “Bazterrica” por el aumento de consumo de drogas ilícitas en el país que había habido en aquel momento (2009).

A esto se le sumó la influencia de la Corte Interamericana y sus Tratados de Derechos Humanos, y la reforma constitucional de 1994 que había establecido un principio de dignidad, en el que no cabe el utilitarismo sobre las personas. Este principio afirma que ninguna personada puede ser usada como medio para llegar a las bandas que se dedican al narcotráfico, por ejemplo. Con lo cual, la justificación deviene en no criminalizar a alguien solo porque “podría” llegar a convertirse en delincuente. Es decir, basarse solo en que alguien sea un peligro potencial, en vez de que sea criminal por un hecho concreto.

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Criterios legalespara entender la resolución jurídica del Fallo ‘Arriola’

“En una resolución unánime, se declaró la inconstitucionalidad de la norma penal que castiga la tenencia de drogas que, por su escasa cantidad, se presume que sería destinada al consumo personal”, explica la abogada Natalia Amado.

Para Amado, es importante observar y remarcar el contexto social que atravesaba el país en los distintos fallos, el cual siempre resulta vinculante con las decisiones del Máximo Tribunal. Uno de los puntos importantes a destacar del caso, según la abogada, es “la importancia que se le otorga al ejercicio de la libertad personal. El propio juez Lorenzetti reconoció que, en muchos casos, la adicción podría afectar la propia libertad, no obstante lo cual consideró que ‘ello no justifica la intervención punitiva del Estado’”.

A su vez, también sostuvo la Corte Suprema que el derecho a la salud, a la intimidad, a estar a solas y a disponer de su propio cuerpo poseen marco constitucional y la Ley 23.737 los violentaría. Y el Máximo Tribunal de Justicia agregó que debería protegerse la privacidad de las personas adultas para que estas decidan cuál conducta adoptar y, en el caso, si desean usar drogas. Ante esto, la abogada nos deja 3 claves a tener en cuenta:

1) Cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea sin que el Estado pueda intervenir en ese ámbito (art. 19 de la Constitución Nacional).

2) No cabe penalizar conductas realizadas en privado que no ocasionan peligro o daño para terceros.

3) La conducta realizada en privado es lícita, salvo que constituya un peligro concreto o cause daños a bienes o derechos de terceros.

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Así fue como el 25 de agosto de 2009, el Fallo “Arriola” marcó un antes y un después.

Sin embargo, es importante dejar en claro que la decisión de la corte no es sinónimo de legalizar las drogas. En este caso, la corte abogó porque las acciones privadas no afectan el orden público, ni perjudican a un tercero. Fue la primera vez que se habló de que el enfoque punitivo de la ley fracasó: el comercio de drogas aumentó, aunque se haya castigado la tenencia durante años.

Esta nueva forma de ver al consumidor, ya no como un posible narcotraficante sino como una víctima del mismo sistema, hizo que ya no se piense en aplicar un castigo que lo revictimiza, más allá de que haya una corriente punitiva que así lo desee. La nueva mirada puso a los poderes públicos en una situación de rever las políticas de drogas, con un enfoque dirigido a la prevención y a la salud. Pero, desde 2009 hasta ahora, ¿se hicieron esos cambios?

Qué necesita Argentina para avanzar en materia de drogas

El Índice Global de Políticas sobre Drogas es un análisis mundial basado en la implementación de cinco grandes dimensiones de políticas en materia de drogas: respuestas de dureza extrema, justicia penal, salud y reducción de daños, acceso a medicamentos fiscalizados internacionalmente y desarrollo. A partir del índice, cada país obtiene un puntaje que muestra cómo se ajustan a los derechos humanos, la salud y el desarrollo que promueve la ONU.

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En el último índice, se evaluaron 30 países y la República Argentina está entre ellos. Los resultados ubican al país en el puesto 19/30. Lo que faltaría mejorar de las políticas sobre drogas viene por parte de la reducción de daños, que obtuvo 26/100, y la respuesta de la justicia penal, en la que obtuvo 24/100.

En materia de reducción de daños, que implica minimizar el impacto del consumo de drogas enla salud, lo social y lo legal, existe un desfinanciamiento que complica el abordaje. Además de una casi nula cobertura de intervenciones relacionadas y una deficiente equidad en el acceso a los servicios. A pesar de que la reducción de daños figura en la Ley de Salud Mental y en la ley de Abordaje de Consumos problemáticos, la falta de la puesta en práctica de la primera ley y la falta de reglamentación de la segunda son los problemas que enfrenta el país para forjar un nuevo paradigma en materia de drogas.

El índice también señaló violaciones a los DDHH en relación a la represión de drogas (41/100), un alto encarcelamiento de personas involucradas en delitos no violentos de drogas y ausencia de políticas de descriminalización. Esta falta de avances se le adjudica principalmente a la Ley 27.375, que modifica la Ley de Ejecución Penal y que anuló el régimen de progresividad para las personas condenadas por algunos delitos de drogas.

Hay delitos que directamente impactan sobre las poblaciones vulneradas, principalmente en mujeres, en disidencias sexuales y jóvenes involucrados en la venta minorista de sustancias.

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la mayor parte de las mujeres privadas de la libertad se encuentran así por delitos de drogas (43%) y que estas cometieron delitos no violentos e infracciones de menor escala. El 82% de esas mujeres condenadas recibieron penas de hasta cuatro años de prisión.

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Desde que en 2009 la Corte Suprema de la Nación declaró inconstitucional la tenencia para consumo personal, se han presentado alrededor de 30 proyectos para despenalizar actos de consumo. Hasta el momento, ninguno ha prosperado.

La ventana esperanzadora que abre el cannabis

A pesar de tener un enfoque prohibicionista que sigue vigente, Argentina fue encontrando un marco legal alrededor del cannabis, sin ir directamente en contra de la Ley Nacional de Drogas. Luego de un recorrido que todavía continúa sin mucha claridad sobre cómo acabará todo esto, hoy Argentina va por la creación de una industria cannábica que genere empleo, dinero y exportaciones.

En 2017, se aprobó la Ley de Cannabis Medicinal, que fue impulsada sobre todo por Mamá Cultiva. Una primera excepción a la Ley de Drogas, aunque esta ley no terminaba conla restricción al cultivo. Pero, en 2021, todo empezó a cambiar con el REPROCANN. A esto le siguió la Ley de Desarrollo de la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial, establecida en 2022 y seguida por la habilitación para comercializar semillas de cannabis. De esta manera, usuarios, emprendedores y una industria que se construye cada día un poco más, han pasado a la legalidad.

Por más que todavía hay sectores que se oponen a la despenalización del cannabis en Argentina, la aceptación crece cada día más y es imposible evitarlo. Desde la puesta en marcha de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), las licencias de producción son un hecho. ONGs, cámaras empresarias, científicos, universidades y otros organismos públicos como el SENASA, INASE, ANMAT, INTA, INTI, entre otros, se han puesto de acuerdo para lograr una reglamentación acorde.

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Tal vez, Argentina aun no esté entre los países más avanzados en torno a la reducción de daños. Pero en la medida que el cannabis derribe las barreras del prohibicionismo por medio de la medicina y la creación de industrias regionales, no quedará más que seguir abriendo la conversación en torno a otras drogas, para brindar la atención e información que lxs usuarixs necesitan y las políticas que realmente hacen falta para velar por la seguridad, salud e integridad de quienes se encuentran en consumo.

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