Mujeres, Porro y Cárcel: Postales de EEUU en 1994

Publicación original: noviembre de 1994.

Por Julie Stewart, Presidenta de FAMM

Ruth Helgesen, a los 53 años, imaginaba que sus años dorados serían tranquilos, viviendo en paz con su compañero Glenn en su sencillo hogar, aislado en los bosques del norte de Minnesota. Juntos reconstruyeron su casa y vivían de la tierra. Hasta hace poco, ni siquiera tenían electricidad. Pero la tranquila existencia de Ruth y Glenn se hizo añicos cuando las autoridades federales encontraron 713 plantas de marihuana creciendo en su propiedad.

Glenn era el principal encargado de las plantas y admitió haber fumado marihuana durante 30 años. No había pruebas que vincularan directamente a Ruth con las plantas, que en total pesaban ocho libras (unos 3,6 kg). Sin embargo, tanto Ruth como Glenn fueron acusados de producir marihuana, por lo que recibieron una condena de cinco años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional.

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Ruth se suma al creciente número de mujeres privadas de su libertad en prisiones estatales y federales por delitos de drogas. En EEUU hoy, una de cada tres mujeres en la cárcel está allí por un delito relacionado con drogas, frente a una de cada ocho hace una década. En el sistema federal, el 64% de las mujeres cumple condena por delitos de drogas. No es que las mujeres cometan más crímenes hoy en día; lo que cambió son las penas, y ahora los jueces tienen prohibido en gran medida otorgar libertad condicional a mujeres (o a cualquier persona).

A mediados de los ‘80, el Congreso estadounidense adoptó sentencias mínimas obligatorias severas para delitos de drogas no violentos, que imponían penas de 5 y 10 años de prisión sin libertad condicional. Estas sentencias fueron diseñadas para ser neutrales en cuanto a género y etnia, de manera que todos los culpables recibieran castigos similares. Lamentablemente, la neutralidad de género es uno de los pocos aspectos en los que estas leyes han tenido éxito, en detrimento de muchas madres e hijos en este país.

Melody Antonakos cumple una condena federal de cuatro años por “conspiración” relacionada con la marihuana. Es madre de dos niños de siete y tres años. Su esposo también fue condenado y sentenciado a seis años. Sus hijos viven ahora con familiares.

Melody no entiende por qué el juez decidió enviar a prisión a ambos padres y dejar a los niños sin ellos. “¿Por qué al menos uno de nosotros no puede quedarse con nuestros hijos, bajo arresto domiciliario o con trabajo comunitario?”, pregunta. “Así sentiría que estoy ayudando a alguien en este mundo, en lugar de pensar si mis hijos me recordarán después de cuatro años”. Melody cree que estas sentencias continúan porque “nadie realmente conoce casos como el mío. Piensan que si te sentencian a X años, eres una persona drogada y mala que lo merece”.

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Por desgracia, Melody tiene razón. La mayoría de la gente asume que todos los que están en prisión pertenecen allí, o que la marihuana es tan inofensiva que no podría justificar penas de cinco o diez años. El público se equivoca en ambos puntos. Hay miles de personas cumpliendo largas condenas obligatorias por delitos relacionados con marihuana, y cada vez más mujeres involucradas de manera periférica. A menudo, la mujer es la esposa o novia del hombre que cultiva o vende marihuana. Su papel puede ser tan mínimo como simplemente saber del “delito” de su pareja. Eso basta para vincularla a la “conspiración de drogas” y ser acusada por la cantidad total de marihuana involucrada.

La ley de conspiración ha sido ampliamente utilizada (y abusada) en la Guerra contra las Drogas. Permite condenar a cualquiera remotamente relacionado con un delito de drogas. Además, está redactada de manera tan amplia que se aplica fácilmente a participantes de bajo nivel como cargadores, mulas, mensajeros y cónyuges. Estos actores menores son sentenciados en función de la magnitud total de la operación, aunque no tuvieran idea de la cantidad de drogas o del alcance del negocio.

El caso de Lenny Higginbotham es un ejemplo típico. En 1990, Lenny fue arrestada después de que un informante la nombrara como participante en una operación de cultivo de marihuana que había terminado en 1989. El informante habló a la policía sobre cinco plantaciones, incluida la de Lenny, a cambio de una reducción de su condena. Los 11 acusados y condenados con ese testimonio fueron responsabilizados por el total de plantas de las cinco granjas: 12,500.

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El tribunal reconoció a Lenny como una jugadora “menor”, pero ella aceptó declararse culpable y recibir una condena de 10 años en prisión en lugar de arriesgarse a un juicio y una pena de 24 años. Su esposo y otros coacusados fueron a juicio y recibieron sentencias de entre 24 años y cadena perpetua sin libertad condicional. La hija de Lenny, Amy, de ocho años, ahora vive sin padres con el hermano y la cuñada de Lenny. Rara vez puede visitar a su madre o a su padre porque están presos muy lejos de casa.

El encarcelamiento absurdo de Ruth, Melody, Lenny y cientos, sino miles, de mujeres como ellas debe servir como una alarma para despertar a un público adormecido que aún cree que los delitos relacionados con la marihuana se tratan con indulgencia, que pocas mujeres son encarceladas y que todos los que están en la cárcel lo merecen. Es hora de despertar y luchar por la justicia.

Vía High Times, traducido por El Planteo.

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