‘Chile es un País Cannábico’: Polémicas y Desafíos de los ‘Narcotest Viales’

Los avances en la regulación del cannabis medicinal en Chile dieron un salto importante hacia la protección de los derechos de los usuarios terapéuticos. Una reciente circular del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) establece que las personas que utilicen cannabis con fines médicos, respaldadas por una receta, ya no serán procesadas penalmente si un narcotest vial arroja un resultado positivo. 

El cambio normativo trabaja para favorecer la eliminación de un estigma que enfrentan los pacientes desde hace tiempo. Asimismo, garantiza que no se les confunda con quienes conducen bajo el efecto de sustancias ilícitas.

La disposición está basada en la Ley 20.000 y sus actualizaciones. La misma supone nuevos retos para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, ya que deberán diferenciar entre quienes usan cannabis de forma recreativa y aquellos que lo hacen por razones terapéuticas.

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¿Hay formas de discernir esa diferencia? ¿Está preparado el Estado para ejecutar estas leyes sin complicaciones? ¿Qué postura se debe adoptar desde la comunidad cannábica? 

El Planteo fue a preguntar a verdaderos especialistas en el tema para profundizar sobre esta victoria que puede confundir a la hora de accionar, tanto a los usuarios, como a las autoridades.

Cómo se están implementando las nuevas reglas para los narcotest en Chile

En Chile, el cannabis está socialmente aceptado. Para la diputada Ana María Gazmuri “hay una cultura bastante profunda, más allá de las décadas de intentos de prohibicionismo, la realidad se impone, Chile es un país cannábico y, por lo tanto, no corresponde que un alto porcentaje de la población se sienta amenazada por el Estado”. 

Asimismo, demanda regulaciones que contemplen y respeten a todas las ciudadanas y ciudadanos que son usuarios de cannabis, ya sea medicinal, recreativo, de uso adulto o espiritual.

Los países que avanzan en regulaciones no ven un descontrol en el consumo ni ven grandes problemas, según Gazmuri, que confía en que “una regulación más completa protege a las comunidades vulnerables y le arrebata el mercado al crimen organizado”. 

Puede haber algunas personas que quizás no son estrictamente pacientes y que se pueden amparar en una receta médica para no ser perseguidos. Pero ese reproche viene a propósito del marco regulatorio actual, que “no otorga suficientes garantías”.

La normativa chilena contempla el uso personal de todas las drogas. Esto, por supuesto, en la teoría. Pero “es esta base jurídica la que nos ha permitido empujar algunos avances o incluso empujar y promocionar el autocultivo con fines medicinales, basándonos en la legislación que ya existía actualmente, la Ley 20.000”, dice la diputada. 

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Pero evidentemente esto no impedía la criminalización, la persecución injustificada, ni tener que pasar por largos procedimientos judiciales. De hecho, una de las tareas a las que se ha dedicado la entrevistada ha sido acompañar a los usuarios que eran criminalizados trabajando en colaboración con la Defensoría Penal Pública, “cosa que sigo haciendo hasta el día de hoy”. 

Era necesario avanzar en modificaciones legislativas. Chile impulsó varios intentos para la ley de autocultivo. Pero se trabó en la Comisión de Salud del Senado. 

No obstante, frente a esta nueva iniciativa, la diputada explica cómo va la implementación: “Tuve una reunión con el Ministerio del Interior, Fiscalía, Carabineros y con la Policía de Investigaciones, para ir buscando hacer las bajadas correctas para que la ley se implemente en total plenitud”. En cuanto al ámbito de salud, está pronto a salir un primer instructivo con respecto al uso medicinal del cannabis orientado a la salud pública.

Finalmente, sobre la regulación integral, Gazmuri revela: “Tenemos prácticamente listo un proyecto de ley que va en esa dirección, pero también estamos en conversaciones con el Ejecutivo en el sentido de que, dado este marco legal positivo que tenemos de base, la verdad es que bastaría con algunos actos administrativos que fijaran, por ejemplo, cantidades para poder solucionar de manera más eficiente la actual situación”. 

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Entonces, la entrevistada habla de dos caminos abiertos: el diálogo con el Ejecutivo para soluciones administrativas o, en su defecto, un proyecto de ley que va a regular el uso adulto del cannabis, particularmente en sus vertientes de cultivo personal y cultivo colectivo, no así el expendio.

“Podríamos decir que este avance puede ser un preámbulo para que se haga lo mismo en el ámbito del uso adulto. Esperamos que así sea, porque fue parte de los compromisos del presidente [Gabriel] Boric y esperamos que se puedan concretar”, cierra.

La responsabilidad del Estado

Hernan Bocaz, abogado, habló con El Planteo a propósito de los pacientes medicinales que perdieron sus licencias de conducir por narcotráficos positivos. 

“Tenemos que ver si el Estado de Chile se ha hecho cargo de errores judiciales o personas perseguidas por muchos años. Hay personas que por la persecución del Estado terminaron quitándose la vida”, comenta. Ante esto, “tiene que haber una reparación”. Pero el abogado lo ve “muy difícil, porque los dispositivos que se ocupan, como el narcotest, son imprecisos todavía”.

Para el diseño actual, si una persona usó cannabis un día, y al día siguiente, le hacen un narcotest, muy probablemente va a dar positivo. Entonces, “mientras el instrumento no se modifique, muy difícilmente vamos a poder establecer reparación porque además eso no está mapeado”, señala Bocaz.

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Si los instrumentos que se utilizan actualmente para determinar el hecho de que una persona esté o no esté bajo el estado de psicotrópicos “no son precisos”, determinar la responsabilidad del mismo Estado “sería complejísimo”. 

Pero, independientemente de que esto no sea ni siquiera medible, “el Estado tiene grados de responsabilidad, sobre todo porque lo que tiene que ver con políticas de drogas tiene un atraso gigante acá en Chile en comparación a cómo han ido avanzando otros países de la región”, concluye el entrevistado, que llama a una “regulación integral”.

La responsabilidad de la comunidad cannábica

“Las mediciones no son las que necesitamos, se necesitan desarrollar nuevos test para poder clarificar ese tema”, opina la influencer Muy Paola, al respecto. No obstante, recuerda que el cannabis no es una sustancia inocua, que sí tiene una respuesta más lenta en cuanto a las reacciones psicomotrices que puede tener una persona bajo los efectos. Y eso es un riesgo tanto como para el conductor como para las demás personas que están en el espacio público.

Entonces, cuando se trata de educación de drogas, el Estado siempre ha buscado criminalizar, señalando que el cannabis te va a llevar al fracaso. “Sabemos que finalmente es una desinformación que hace mucho más daño que hablar con la verdad”, expresa la creadora de Santiago Verde. 

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No obstante, como parte de la comunidad, reconoce: “Tenemos la responsabilidad de recordarle a los usuarios que conducir bajo los efectos del cannabis sí genera una respuesta más lenta por parte de los conductores y no se recomienda de ninguna manera”.

Es clave ser responsable de los usos porque “con todas las trabas que han puesto históricamente, fallar en esto hará que se ponga más difícil el panorama. Y es importante que cuidemos los derechos que hemos conquistado”, advierte.

Queda mucho por hacer y el llamado es a ser responsable con uno mismo y también con los demás, sin olvidar que también hay una cuenta pendiente del Estado de Chile con quienes hacen uso adulto del cannabis y siguen estando desamparados frente a la ley.

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