Opinión: Repensar los Programas de Reducción de Daños desde un Nuevo Concepto de Comunidad

Por Diego Rotundo, Integrante de Reset – Política de Drogas y Derechos Humanos.

El consumo de sustancias sigue planteándose como una cuestión de debate permanente, y la revisión sobre las prácticas que se realizan en pos de plantear abordajes eficientes continúa demostrando contradicciones taxativas que desnudan el arraigo a propuestas vetustas (asociadas a la rehabilitación o la sanación, o a una lógica correctiva o de castigo). En consonancia con estas ideas, la demanda de tratamiento para lxs usuarixs de sustancias –incluso dentro de las comunidades más vulneradas (que son las más expuestas a distintos tipos de violencia institucional, como consecuencia de estos modelos) – suele ser la solicitud de internaciones compulsivas o la presencia más activa de las fuerzas de seguridad (con el fin de arremeter contra aquellos que se consideran peligrosos para la convivencia). Estas prácticas, herederas de la “guerra contra las drogas” y afirmadas en el abstencionismo a ultranza, siguen estando muy presentes en el territorio.

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La alternativa existente es un abordaje basado en la reducción de daños. Ésta se enuncia en el artículo 10 del Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan IACOP), donde se la incorpora a las propuestas de asistencia:

“Entendiendo por reducción de daños a aquellas acciones que promuevan la reducción de riesgos para la salud individual y colectiva y que tengan por objeto mejorar la calidad de vida de los sujetos que padecen consumos problemáticos, disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles y prevenir todo otro daño asociado, incluyendo muertes por sobredosis y accidentes”.

La ley del año 2014 (aún no reglamentada) es vista como contraria al bienestar de la comunidad; en ocasiones, por mero desconocimiento y, en otras, por los mismos prejuicios y estigmas que cargan lxs usuarixs de drogas.

Modelo abstencionista

El modelo abstencionista es, aún hoy, emblema de los fundamentos para las propuestas de abordaje del consumo de sustancias; con origen en la tradición prohibicionista norteamericana –de sesgo moral y segregacionista–, asentado en la “fallida” guerra contra las drogas. Su proposición preventiva y asistencial es de carácter coercitivo, el tratamiento de la “enfermedad” y la respuesta punitiva es su alternativa; sus estrategias estarían encauzadas hacia la eliminación obligatoria del consumo (como condición de inicio y continuidad de los tratamientos).

Desde esta configuración, los diferentes usos de las sustancias se ven equiparados (o no son claras sus diferencias); se proponen, entonces, procedimientos universales que no contemplan las diversas relaciones subjetivas que las personas establecen con las sustancias.

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En los modelos clásicos, los dispositivos de abordaje se fundan en criterios de umbral máximo de exigencia; con procesos por etapas, para todos por igual, ajustados a pautas imperativas que ponen a la abstención –no solo de las sustancias, sino también de los entornos con los que los sujetos se relacionan– como condición fundamental para el éxito,

“El hecho de que para ambas instituciones resulten irrelevantes las modalidades de consumo y el tipo de sustancias consumidas da lugar también a la indiferenciación de las estrategias terapéuticas. De este modo, no solo la totalidad de residentes recibe el mismo tratamiento, sino que este es aplicado de la misma manera en todos los países en los que cuentan con sedes” (Guelman, “Entre dos mundos”, p.139)

Con enunciados basados en el temor, la estigmatización y la estereotipia, y con escaso énfasis sobre las prácticas de cuidado, este modelo tiene como objetivo lograr una sociedad libre de drogas. No obstante, las políticas orientadas en esta línea presentan un cúmulo de resultados no esperados: el desvío de recursos que deberían destinarse a salud asignados a la represión; la aparición de nuevas drogas de diseño; el crecimiento del mercado ilegal (en detrimento en la calidad de las sustancias); la habilitación de las detenciones masivas (promoviendo el encarcelamiento y violaciones de los derechos humanos, sobre todo de los sectores más vulnerables que están, principalmente, asociados al microtráfico); y la consecuente estigmatización de las personas que usan drogas.

Propuestas basadas en la reducción de daños

Los programas de reducción del daño enuncian todas aquellas “políticas, programas y prácticas orientadas principalmente a reducir las consecuencias adversas sanitarias, sociales y económicas derivadas del consumo de drogas psicoactivas legales e ilegales, sin abandonar necesariamente el consumo…” (HRI, 2018). Este planteo abarca tanto a la salud pública como a los derechos humanos, buscando rechazar la estigmatización y la discriminación de cualquier persona por el mero hecho de usar drogas.

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Las raíces de la reducción de daños están relacionados a los aumentos de casos de VIH/sida y de hepatitis C en usuarios de drogas inyectables: se pueden encontrar presentes, desde principios de los años 80, en el Reino Unido (Merseyside-Liverpool) y en los Países Bajos (Rotterdam), y a mediados de los años 90 en Argentina; allí se implementan programas con el fin de prevenir, controlar y reducir la incidencia del VIH y otras infecciones hematógenas en las personas que se inyectaban drogas (con el intercambio de agujas y jeringas).

A partir de esta acción –que inicialmente tenía un fin práctico– se empezó a descubrir que el acercamiento a lxs usuarixs (en la mayoría de los casos expuestxs a múltiples vulneraciones y en condiciones de extrema marginación social) con una mirada desmoralizada y respetuosa permitía el establecimiento de vínculos con los equipos de salud encargados de llevar adelante estas acciones, percibiendo esto como un quehacer tendiente al cuidado y rompiendo con los estereotipos que los ubicaban en el plano de “perversxs”, “viciosxs” o “culpables”. De esta manera, se posibilitó que muchas de estas personas pudieran acceder a servicios de salud pública para atender la diversidad de problemáticas que lxs atravesaban, e incluso que algunxs suscribieran voluntariamente a tratamientos específicos para tratar sus consumos.

Desde esos tiempos a la actualidad, las propuestas en la línea de reducción de daños han ido creciendo y desarrollándose en algunos países, dando lugar al incremento en el acceso a la educación e información acerca de prácticas de cuidados en los usos de las sustancias –tanto para las personas consumidoras de drogas como para la comunidad en general– disminuyendo la estigmatización, el distanciamiento de los sistemas sanitarios, la accesibilidad a derechos y de esta manera, reduciendo las problemáticas de salud asociadas. Este modelo incorpora, además, la propuesta de instituciones asistenciales públicas abiertas, de bajo umbral de exigencia en donde se pueda plantear un trabajo progresivo que atienda a los tiempos singulares de cada persona –con objetivos intermedios, orientados a alojar y tratar a lxs usuarixs estén o no dispuestxs a abandonar el consumo de sustancias–.

Comunidad

Al pensar el concepto de comunidad lo primero que nos resuena es lo “común”, aquello que compartimos; un espacio geográfico, perspectivas, intereses o incluso reglas que nos unen. Pero, al observar las comunidades, notamos que dentro de las mismas existen otros que están por fuera de algunas de esas variables que se consideran comunes: “de pronto, desde esta lógica surgen preguntas interesantes como: ¿a quién darle prioridad, a nosotros los comunes o a los otros?, ¿quién está antes?, ¿quiénes son los que quedarán fuera de la comunidad? (David Jonathan Contreras Fuentealba. 2017. 3)

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La idea tradicional de la comunidad puede plantear desplazamientos –a través de prácticas discriminatorias– de aquellos que no consideramos comunes a nosotros. Desde el planteamiento de Roberto Esposito nace un nuevo horizonte sobre el concepto de comunidad ya no desde lo que une, sino desde una intencionalidad de convivencia, “sin tener que buscar necesariamente un vínculo que nos posicione como comunes para establecer comunidad, o sea, piensa la comunidad desde las diferencias y no desde lo común, encontrando aquí una postura que nos invita a convivir y no a enemistarnos por no ser comunes” (Jonathan Contreras Fuentealba. 2017.4)

Dejando de lado la idea homogeneizada de nuestras comunidades y rescatando la de la comunidad como territorio de disputa permanente, como espacio dinámico, “vivo”, es que podemos pensar nuevas propuestas que incorporen otras prácticas.

A modo de conclusión

Como mencionábamos al comienzo, en la actualidad conviven distintas maneras de plantear abordajes para los consumos de sustancias y aún sigue acaeciendo una fuerte impronta a propuestas anacrónicas que evidenciaron baja eficiencia (a saber: encierro, desvinculación con los contextos inmediatos, restricciones extremas, etc). Todo ello desoyendo incluso lo establecido en la Ley 26.657.

Los modelos tradicionales –basados en el abstencionismo– han contribuido a la estigmatización de determinados sectores sociales, reforzando procesos de exclusión e invisibilizando muchos de los factores macro-políticos implicados en las problemáticas asociadas al consumo de sustancias. Por ello es momento de llevar los planteamientos de la Reducción de daños a ámbitos académicos, institucionales y a personas implicadas en la toma de decisiones:

“…los equipos políticos y técnicos de los gobiernos y de las diferentes administraciones deben dotarse de formación, de conocimiento y contenido que les ayuden a defender y poner en práctica políticas públicas, servicios y programas imprescindibles para la salud y el bienestar colectivo, a pesar de que por novedosos, por desconocimiento o por miedo puedan recibir críticas…” (RIOD. 2018.1.)

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Asimismo, las redes de organizaciones y las personas que conforman las comunidades también deberían de poder acceder a esta información, propiciándose espacios de debate y reflexión acerca de estos modelos, de sus implicancias y beneficios. En paralelo, los actores sociales deben ir configurando lo que acontece en sus territorios en una dinámica compleja de construcción y deconstrucción permanente. Esto permitirá abordar distintas problemáticas sociales por fuera de las “recetas mágicas” –simplistas, sin una base científica– o de las respuestas punitivas, permitiendo construir una sociedad solidaria con las diferencias, con aquellxs que padecen la exclusión social (como es el caso de personas con problemas emanados del consumo de drogas).

Es preciso el reconocimiento de que muchas veces los riesgos que atraviesan lxs usuarixs de sustancias no están dados solo por sus consumos, sino que están asociados al tipo de políticas con las que se pretenden “combatir” las drogas (vulnerando derechos, aumentando los estigmas y exponiéndolxs a situaciones de riesgo innecesario): “los factores estructurales (pobreza, racismo, sexismo, etc.) influyen en la vulnerabilidad de los individuos y los grupos. Y es que, finalmente, lo que determina un daño no es el consumo sino las circunstancias en que se da el mismo (Martínez Oró D, Pallarés Gómez J.2017. 76)

Uno de los desafíos en la “búsqueda del bien común” –con respecto al tema de los abordajes para los consumos de sustancias psicoactivas– en nuestras comunidades (hoy severamente fragmentadas) tiene que ver con la posibilidad de respetar y aceptar las diferentes elecciones de sus miembros; de pensar que habrá personas que no están dispuestas a abandonar completamente sus consumos y, en esto, el modelo de reducción de riesgos juega un papel fundamental porque da lugar a “la posibilidad de construir prácticas subjetivantes, sostenidas en una ética respetuosa de los derechos humanos y, fundamentalmente una ética con respecto al sufrimiento y el respeto por los modos que cada cual elige o encuentra de estar en el mundo (Vallejo, 2019)

Vía Reset.

Foto por Kindel Media vía Pexels

Publicación original: enero 2022

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