De la Dark Web al Barrio: Organización Da Cocaína Pura para Salvar Vidas en Canadá, ¿Cómo?

El capitalismo no solo fabrica desigualdades materiales: también administra el dolor y produce el terreno donde las drogas se vuelven refugio. “La gente cuya vida está arrasada por el capitalismo termina recurriendo a las drogas”, dice el activista Vince Tao, en palabras recogidas por Morbo.

En Vancouver, Canadá, esa ecuación se hace carne en barrios como Downtown Eastside, donde la pobreza, la falta de vivienda y la marginación marcan la vida diaria. Allí, la organización Drug User Liberation Front (DULF) decidió intervenir en la crisis con una propuesta tan radical como lógica: repartir drogas 100% puras —cocaína, heroína, metanfetaminas— para que quienes consumen sepan, al menos, qué entra en su cuerpo.

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El contexto no es menor. Canadá enfrenta una crisis de sobredosis sin precedentes, con cifras que hielan la sangre. En 2024 murieron en promedio 20 personas al día por opioides (7.146 en total), según la Agencia Pública de Salud de Canadá. En 2023 habían sido 22 muertes diarias. La leve baja no alcanza; el número sigue siendo brutal, y el fentanilo domina la oferta callejera.

Mientras tanto, Vancouver arde en un debate político sobre despenalización y regulación. Sectores conservadores piden más represión, pero colectivos de salud pública y reducción de daños empujan otra salida: acceso seguro y regulado a sustancias, con el objetivo de reducir muertes y daños asociados al mercado ilícito.

¿Qué es DULF y cómo está ayudando a la gente?

El Drug User Liberation Front (DULF) nació en 2020 con la misión de evitar muertes en un contexto donde consumir en la calle significa jugar a la ruleta rusa. Su método rompe con todos los moldes: la organización compra drogas en la dark web, las analiza en un laboratorio con espectrometría de masas y las entrega a las personas en la calle en envases con etiqueta de pureza.

En el corazón de Downtown Eastside, un barrio castigado por la desidia estatal, DULF opera como un club de compasión más que como un “punto de venta”. En promedio, unas 20 personas al día pasan por sus puertas; algunas vuelven más de una vez, sabiendo que allí lo que se entrega es real, puro, y su uso será informado.

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Entre las sustancias distribuidas se encuentran heroína, cocaína y metanfetaminas en pequeños envases con información clara sobre su pureza. El local maneja una frecuencia altísima de gente que recurre al retiro. Abre algunos días, pero siempre tiene fila.

Lo que empezó como una performance de denuncia (ya que comenzaron trabajando en eventos donde regalaban dosis puras para visibilizar la crisis) se transformó en un programa piloto con 40 participantes:

• 20 integran el “club de la compasión”, con acceso seguro y regulado.
• 20 forman el grupo de control, que sigue comprando en la calle.

Contrario a lo que muchos podrían pensar, hasta ahora ninguno de los usuarios del club sufrió sobredosis: una diferencia abismal frente a quienes siguen expuestos al mercado ilícito.

DULF además regula los precios:

• Heroína: CA 128/gramo.
• Cocaína: CA 66/gramo.
• Metanfetamina: CA 16,50/gramo.

El objetivo es igualar o bajar los precios de la calle, pero con una ventaja enorme: pureza garantizada. En vez de vender lo que en la calle se conoce como “down” (bajo) —fentanilo mezclado con tranq (xilazina) y vaya a saber uno qué otros químicos— ofrecen a quienes ya son usuarios activos heroína real; según estas personas, algo “casi imposible de conseguir estos días”.

Prohibición, desigualdad y gentrificación

El trabajo de DULF conecta la crisis de drogas con la falta de vivienda, la pobreza estructural y el abandono social. Su modelo busca demostrar algo que parece obvio pero sigue siendo tabú: la regulación puede salvar vidas, al igual que pasa con el alcohol.

Para Eris Nyx, cofundadora de DULF, el problema central es la prohibición, que alimenta un mercado inseguro y mortal. A esto se suman la estigmatización política y el rechazo social, que condenan a los usuarios a la marginalidad.

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La crisis de drogas está entrelazada con gentrificación y desigualdad, como señala el activista Vince Tao, quien agrega que el alquiler promedio en Vancouver alcanza los CA 2.500 al mes (alrededor de USD 1.800). La expulsión de comunidades pobres de barrios céntricos profundiza la vulnerabilidad de quienes usan drogas.

Nyx lo resume muy bien: “El núcleo de todo esto es el régimen de prohibición de drogas, eso es lo que causa los picos de muerte”.

Y agrega, en palabras a The Guardian: “Somos una gota en el océano, una gota en el mar. Realmente se necesita que el gobierno haga esto. Como una licorería. Somos un programa piloto y una empresa de relaciones públicas para este método de abordar la crisis. Pero solo somos dos personas. Y este es un problema a nivel de las Naciones Unidas”.

Y es que esta apuesta no es gratis, y definitivamente no viene sin repercusiones. Nyx y Jeremy Kalicum enfrentan cargos legales por distribución de drogas. La policía allanó la sede de DULF, confiscó equipos y les prohibió volver al barrio. Mientras sectores conservadores celebran la represión (sin hacerse cargo de ciertas realidades), médicos, universidades e incluso el alcalde de Vancouver reclaman una exención federal que permita que el proyecto continúe como política de salud pública.

Mismos usuarios, diferente trato: La doble vara social

En Vancouver, la discusión sobre drogas también expone un espejo incómodo: el consumo no se juzga igual según la clase social. Mientras los sectores más ricos acceden a clínicas de ketamina, retiros psicodélicos o tratamientos de lujo sin consecuencias legales, los pobres quedan atrapados en un mercado callejero de sustancias adulteradas, que mata todos los días.

Mientras los sectores adinerados gozan de consumos glamurizados, a veces hasta celebrado en medios culturales, los sectores más pobres son criminalizados, perseguidos y condenados a morir por falta de información y alternativas seguras.

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El periodista P.E. Moskowitz lo ilustra en primera persona. Tras vivir un episodio traumático en Charlottesville en 2017, buscó lidiar con su TEPT usando benzocaínas, kratom, antidepresivos y psicodélicos. Esa experiencia lo llevó a observar la hipocresía social: los mismos consumos que en un contexto acomodado se toleran, en barrios pobres son vistos como evidencia de degradación.

La conclusión es amarga, pero hay que saborearla. La prohibición y la ausencia de políticas de salud profundas no sólo no resuelven la crisis, sino que condenan a los más vulnerables. La doble vara social persiste, y las muertes siguen marcando la frontera invisible entre quienes pueden consumir sin ser juzgados y quienes son descartados por el sistema.