EEUU: 40 Diputados Van por la Legalización Total del Cannabis, ¿Cómo Es el Proyecto?

Hay una cuestión política y discursiva latente en EEUU. Mientras en las calles los dispensarios florecen y la palabra “reclasificación” se posa en cada titular, el Congreso también decidió avanzar. El viernes, un grupo de legisladores demócratas reintrodujo el que muchos describen como el proyecto de ley más contundente hasta ahora para quitar al cannabis de la lista de sustancias controladas y legalizarlo a nivel federal.

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En un avispero político donde se cruzan ideología, negocio y derechos civiles, el debate sobre cannabis se volvió un espejo incómodo de lo que significa Estados Unidos hoy: ¿seguir castigando con cárcel y deportaciones a miles de personas, o impulsar una industria que ya mueve miles de millones de dólares al año?

40 legisladores presentan nuevo proyecto de ley para legalizar el cannabis: Qué es el MORE Act

El viernes pasado, en paralelo a los rumores sobre lo que hará Donald Trump con la reclasificación de la marihuana, un grupo de 40 legisladores demócratas decidió tomar la iniciativa en el Congreso. De la mano de Jerry Nadler (Nueva York), acompañado por Dina Titus (Nevada), Ilhan Omar (Minnesota) y Nydia Velázquez (Nueva York), reapareció en la Cámara el Marijuana Opportunity, Reinvestment and Expungement Act, más conocido como MORE Act.

Para entender esto de entrada hay que saber diferenciar “reclasificación” de “desclasificación”:

• Reclasificación (rescheduling) se refiere a mover el cannabis de la Lista I —drogas consideradas de alto potencial de abuso como heroína, LSD, MDMA y actualmente el cannabis— a la Lista III, menos restrictiva, donde encontramos drogas de menor potencial de abuso y regulaciones médicas como la ketamina, la codeína o los esteroides.

• Desclasificación (descheduling), en cambio, busca eliminar totalmente el cannabis de la Lista de Sustancias Controladas, tratando al cannabis como al alcohol o al tabaco y dejando que cada Estado decida si regula (y cómo) o prohíbe. Esto, efectivamente, legalizaría la planta.

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El MORE Act propone esta última opción: un cambio amplio y definitivo. Es uno de los proyectos más completos y ambiciosos jamás presentados en Washington para terminar con la prohibición.

Como señaló Nadler al presentarlo: “Hace mucho tiempo que debimos haber despenalizado la marihuana a nivel federal, eliminado condenas y facilitado la re-sentencia, al mismo tiempo que reinvertimos en las comunidades más afectadas por la Guerra contra las Drogas”.

No es la primera vez que este texto aparece en el Congreso. La Cámara de Representantes ya aprobó versiones previas dos veces: en 2020 (228-164) y en 2022 (220-204). Pero en ambas ocasiones el proyecto se estancó en el Senado, que nunca lo llevó a votación. La versión 2025 es la cuarta reintroducción consecutiva.

¿Qué propone esta vez?

El proyecto de ley no solo mira hacia adelante, sino también hacia atrás:

• Expurgar antecedentes penales federales.
• Habilitar re-sentencias para quienes todavía están bajo supervisión.
• Garantizar derechos. Nadie perderá beneficios públicos ni migratorios por tener un historial de marihuana.

Para Dina Titus, copresidenta del Cannabis Caucus, la iniciativa llega bienvenida, aunque tarde: “Es hora de modernizar nuestras leyes para reflejar la realidad del uso de cannabis en Estados Unidos, reconocer a la industria legítima que ya existe y abrazar plenamente los beneficios médicos de la planta. El gobierno federal debe ponerse al día con los estados, y este proyecto ofrece un marco para terminar con la fallida Guerra contra las Drogas, mientras apoya a comunidades y negocios en todo el país”, expresó.

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Ilhan Omar, también copresidenta, fue tajante: “El MORE Act despenalizará la marihuana a nivel federal, limpiará los antecedentes y reinvertirá en las comunidades más dañadas por estas políticas fallidas. En Minnesota ya demostramos que la legalización puede generar tanto justicia como oportunidades económicas. Es hora de que el gobierno federal siga nuestro ejemplo y ponga fin a la era de la criminalización”.

Y desde Nueva York, Nydia Velázquez remarcó la dimensión social: “Durante demasiado tiempo, las comunidades racializadas han soportado el peso de leyes injustas sobre marihuana, que han fomentado el encarcelamiento y negado oportunidades a la gente”. Y añadió: “El MORE Act se trata de justicia, de dar segundas oportunidades y de garantizar que los pequeños negocios y trabajadores de estas comunidades puedan compartir los beneficios de la legalización”.

Por su parte, en el terreno económico, la propuesta plantea:

• Un impuesto federal del 5% sobre las ventas de cannabis, que subiría al 8% en cinco años.
• Dicha recaudación se destinaría a un Fondo de Oportunidades, con programas para reparar daños de la Guerra contra las Drogas y abrir el mercado a quienes quedaron afuera.

Los tres programas de subvenciones

Además, el MORE Act crea tres programas bien definidos:

1. Community Reinvestment Grant Program: Ofrece servicios a las personas más afectadas por la prohibición, como capacitación laboral, reinserción, asistencia legal, alfabetización, actividades juveniles, mentorías y tratamiento por consumo.
2. Cannabis Opportunity Grant Program: Financia préstamos a pequeños negocios cannábicos liderados por personas social y económicamente desfavorecidas.
3. Equitable Licensing Grant Program: Apoya programas estatales para reducir barreras en la obtención de licencias y empleos en el sector a comunidades históricamente criminalizadas.

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¿A dónde iría el dinero?

Hay matices en la cobertura, pero la idea es que los fondos se reinviertan en las comunidades que pagaron los platos rotos de la prohibición.

Forbes detalla esta distribución:

• 50% → Reinversión en las comunidades (Departamento de Justicia).
• 10% → Programas de tratamiento de consumo.
• 40% → Small Business Administration, para un programa equitativo de licencias.

Cannabis Business Times, por su parte, agrega que parte del fondo también se canalizaría a la Oficina del Fiscal General para implementar secciones de la Omnibus Crime Control and Safe Streets Act, fortaleciendo la coordinación de los sistemas de justicia a nivel estatal y local.

Las opiniones del círculo activista

El respaldo llega en manada. Además de los 40 representantes iniciales, el texto cuenta con el apoyo de una coalición diversa de organizaciones, que incluye a la Drug Policy Alliance, la ACLU, NORML, el sindicato SEIU y el Last Prisoner Project, entre muchas otras.

Maritza Perez Medina, de la Drug Policy Alliance, lo resumió con crudeza: “Mientras la marihuana siga en la Ley de Sustancias Controladas, seguirá siendo criminalizada a nivel federal, sin importar en qué lista esté. El MORE Act es el único proyecto presentado este Congreso que realmente eliminaría la marihuana del CSA, despenalizándola a nivel federal en todo el país”.

Dasheeda Dawson, de la Cannabis Regulators of Color Coalition, fue clara: “El MORE Act aporta la reforma integral que Estados Unidos necesita: acabar con la prohibición, garantizando equidad, expurgaciones e inversión en las comunidades que más tiempo llevan esperando justicia”.

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Desde el Last Prisoner Project, Jason Ortiz celebró: “Además de desclasificar el cannabis, el MORE Act ofrece un alivio largamente esperado al limpiar automáticamente condenas y liberar a las personas que todavía sufren tras las rejas”.

Kat Murti, de SSDP, añadió: “Desde su primera introducción, el MORE Act ha sido el camino más completo hacia una política sensata sobre cannabis: acabar con la prohibición federal, limpiar antecedentes y empezar a sanar a las comunidades más dañadas por la criminalización”.

Y Morgan Fox, de NORML, cerró: “Esta legislación refleja los deseos de más de dos tercios de la ciudadanía estadounidense y creará un marco federal para el cannabis que respete los derechos de los estados y esté enfocado en la ciencia, el pragmatismo y la justicia”.

La pelea puede estar reñida, pero los números son claros

Hay muchas, muchísimas opiniones. Algunas a favor y otras en contra. Pero si hay algo que no miente ni deja lugar a dudas son los números. Según una encuesta del Pew Research Center de este año, el 88% de los adultos en EEUU respalda la legalización del cannabis en alguna forma: un 54% con fines medicinales y de uso adulto, un 33% solo con fines medicinales y apenas un 12% se opone a cualquier iniciativa de legalización.

Sin embargo, en el terreno político el consenso está lejos de alcanzarse. Nueve legisladores republicanos enviaron recientemente una carta a Donald Trump para pedirle que rechace la reclasificación de la marihuana.

En el documento calificaron la propuesta de la administración Biden como “corrupta y defectuosa” y advirtieron que enviar esa señal a la sociedad implicaría decirle a los jóvenes que la marihuana “no es dañina”. Además, alertaron que un cambio de este tipo permitiría a las grandes corporaciones de cannabis y a carteles extranjeros obtener miles de millones de dólares en deducciones fiscales federales.

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La otra cara de la moneda la aportan los 32 fiscales generales estatales que, en un pronunciamiento conjunto, le pidieron al Congreso de EEUU avanzar no solo con la legalización sino también con medidas de apoyo financiero como la SAFER Banking Act, clave para que la industria del cannabis pueda operar con normalidad en el plano bancario.

Su argumento es simple y pragmático: si la marihuana ya es legal en buena parte del país, bloquear el acceso al sistema bancario solo incrementa riesgos de seguridad y limita el crecimiento de los negocios. Además, afirman que facilitar el acceso financiero permitiría una mejor fiscalización y una recaudación tributaria más eficaz, en una industria que generó 425.000 empleos y que espera ventas anuales por USD 34.000 millones para fin de año. 

Más allá de la disputa partidaria, también hay matices dentro del campo progresista y entre quienes defienden a la marihuana. Una parte de la ciudadanía celebra cualquier avance y ve la reclasificación a la Lista III como un paso en la dirección correcta. Otra, sin embargo, considera que sería apenas un maquillaje insuficiente, pues mientras el cannabis siga en la Ley de Sustancias Controladas, seguirá siendo criminalizado a nivel federal. De ahí la insistencia en hablar de desclasificación, la eliminación completa de la planta de esta lista, como propone el MORE Act.

Y hay un tercer grupo que acompaña la idea de avanzar, pero lo hace con desconfianza. Hay quienes señalan que un movimiento hacia la Lista III podría terminar beneficiando principalmente a las grandes farmacéuticas, que verían allanado el camino para patentar medicamentos derivados del cannabis, desplazando a pequeños productores y al mercado independiente. Para estos críticos, la reclasificación podría funcionar como un caballo de Troya que deje afuera a quienes sostuvieron la industria en la clandestinidad durante décadas.

La realidad es que el debate ocurre sobre un trasfondo imposible de ignorar. Hablamos de casi un siglo de Guerra contra las Drogas, una política fracasada que no redujo el consumo, pero sí generó un vínculo fatal con el encarcelamiento masivo, entre muchos otros daños.

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En EEUU, la cantidad de personas encarceladas por violaciones a leyes de drogas pasó de menos de 25.000 en 1980 a casi 300.000 en prisiones estatales y federales. Y no, esto no redujo ni el consumo de sustancias ni la oferta en el mercado ilegal.

Mientras tanto, del otro lado del mostrador, la industria legal florece y ya mueve más de USD 30.000 millones anuales en ventas en EEUU, generando miles de empleos y aportes fiscales a los estados. Un contraste que desnuda la paradoja central: cárcel y deportaciones para unos, negocios multimillonarios para otros.

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