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EEUU: Entendiendo la Redada Migratoria en un Cultivo de Cannabis Legal

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EEUU: Entendiendo la Redada Migratoria en un Cultivo de Cannabis Legal

Por High Times

EEUU: Entendiendo la Redada Migratoria en un Cultivo de Cannabis Legal

✍ 14 July, 2025 - 15:43


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  • El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EEUU realizó redadas en los cultivos de la empresa de cannabis Glass House Farms en California.
  • Detuvieron a alrededor de 100 personas, incluyendo menores de edad. Hubo protestas, disturbios y uso de gases lacrimógenos.
  • Actores de la industria analizan el impacto de las políticas migratorias actuales en la industria cannábica de EEUU.

Por Javier Hasse

Las recientes redadas de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, en español) en Glass House Farms, California, marcan una de las ofensivas federales más mediáticas contra una empresa de cannabis con licencia en los últimos años en EEUU. Asimismo, abren interrogantes sobre el cumplimiento de las normas, las condiciones laborales y qué está impulsando realmente la acción del gobierno federal.

El 10 de julio, agentes federales de inmigración, respaldados por tropas de la Guardia Nacional, llevaron a cabo allanamientos en dos centros de cultivo de Glass House Farms, ubicados en Carpinteria y Camarillo, California. Según informó Newsweek, alrededor de 100 trabajadores agrícolas habrían sido detenidos antes de que estallaran protestas y se lanzaran gases lacrimógenos.

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Glass House, uno de los mayores productores de cannabis con licencia en California, reconoció el operativo en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde declaró: “Ayer, Glass House Brands recibió órdenes relacionadas con inmigración y naturalización. De acuerdo con la ley, verificamos que las órdenes fueran válidas y cumplimos con lo requerido. Algunos trabajadores fueron detenidos y estamos colaborando para brindarles representación legal. Glass House nunca ha violado intencionalmente las prácticas de contratación vigentes, y no emplea ni ha empleado menores de edad. No esperamos que esto afecte nuestras operaciones a futuro”.

El cofundador de la empresa, Graham Farrar, agregó en la misma red: “Sabemos que hay muchas preguntas; nosotros también las tenemos. A medida que obtengamos más información, la compartiremos. Nuestro equipo ha estado en el lugar constantemente, enfocado en cuidar a nuestra gente y nuestras plantas”.

Hasta el momento de la publicación, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) no había emitido un comunicado oficial detallando el alcance de la redada, el número exacto de detenidos ni la naturaleza de las órdenes judiciales.

Tanto Reuters como Los Angeles Times informaron que durante el operativo se hallaron 10 menores migrantes, 8 de ellos no acompañados, dentro del sitio. Las autoridades federales investigan posibles violaciones a las leyes de trabajo infantil. No hay información oficial que confirme que los menores estuvieran trabajando en Glass House Farms; sólo se sabe que estaban presentes.

Glass House reiteró en un comunicado: “La empresa nunca ha violado intencionalmente las prácticas de contratación vigentes, y no emplea ni ha empleado menores”.

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El medio High Times contactó a la empresa para responder preguntas específicas, pero no emitió comentarios adicionales al cierre de esta edición.

(N. de E.: Al día siguiente de la publicación de esta nota, se dio a conocer la muerte de uno de los trabajadores perseguidos. Según informa El País, el hombre habría sido hospitalizado tras quebrarse el cuello, debido a una caída de un invernadero a 9 mentros de altura).

Una industria con historia, un conflicto federal

La redada reavivó tensiones históricas entre la legalidad del cannabis a nivel estatal y la prohibición federal que aún persiste en EEUU. Aunque el cannabis es legal en California, sigue siendo ilegal bajo la ley federal, lo cual deja a las empresas licenciadas expuestas a acciones represivas, como la realizada por ICE.

La doctora Chanda Macias, activista de larga trayectoria, reaccionó al operativo: “Las redadas de ICE que apuntan a comunidades latinas que cultivan medicina alternativa no son solo ataques individuales. Son un ataque a nuestra comunidad y a la salud pública. Nuestras vidas no son desechables, nuestra conexión con EEUU es innegable, y nuestro compromiso con la medicina natural impacta diariamente a los pacientes”.

Recordó los años duros donde las redadas eran constantes, y agregó: “Nuestra comunidad es fuerte. Luchamos por el uso médico y adulto, y lucharemos por nuestra gente latina”. Cerró con un mensaje de esperanza: “Vamos a levantarnos y creemos que la redención está cerca”.

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Chris Day, CEO de Global Cannabis Network Collective, fue más contundente en su análisis geopolítico: “Por primera vez, el cannabis está siendo tratado como cualquier otra industria: con absoluto desprecio por las leyes existentes y los derechos humanos. Estas tácticas militarizadas buscan imponer poder, suprimir el disenso y manipular la opinión pública”.

Desde su perspectiva, recomendó a empresas del sector mirar más allá de EEUU: “Aconsejamos buscar expansión global. Si operas en EEUU y no tienes protección legal y mucho capital, el riesgo es altísimo”.

¿Golpe a la estabilidad laboral?

La reacción no se centró solo en lo político. También puso foco en los trabajadores.

Adrian Rocha, director de políticas de Last Prisoner Project, señaló a High Times que la redada representa un retroceso en la normalización del trabajo en el sector cannábico: “Las redadas migratorias como esta suelen atrapar a personas que ya están desproporcionadamente afectadas por políticas de drogas obsoletas y discriminatorias. Estas acciones no solo perpetúan los daños sistémicos de la criminalización del cnnbis, sino que además socavan directamente la misión del Last Prisoner Project: garantizar la libertad, reunir a las familias y crear oportunidades para quienes más han sufrido la Guerra contra las Drogas”.

Rocha también advirtió que este tipo de tácticas podría frenar el impulso reformista: “Las tácticas de aplicación agresiva, incluidas las redadas migratorias, pueden generar un efecto paralizante tanto en la participación laboral como en los esfuerzos más amplios hacia la reforma de la industria del cannabis”.

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Mary Bailey, directora ejecutiva del Last Prisoner Project, señaló el caso de Sandra Bowen, una de las representadas por la organización, quien cumplió casi una década en una prisión federal por un delito no violento relacionado con el cannabis. Al ser liberada, en lugar de reencontrarse con sus hijos, fue entregada al ICE y deportada a Jamaica. Otros, como Ricardo Ashmeade y Andrew Landells, añadió, aún esperan ser deportados a pesar de haber vivido en Estados Unidos durante décadas.

Voces de la industria, riesgos para inversores

Seth Yakatan, inversor y asesor con larga trayectoria en el sector del cannabis, analizó la situación desde una perspectiva empresarial: “Esto demuestra que el gobierno federal tiene una agenda laboral, y ahora nuestra industria está en la línea de fuego”.

Sin embargo, no considera que exista una correlación directa entre el riesgo de aplicación de leyes migratorias y la ilegalidad federal del cannabis.

Desde el punto de vista de la estrategia de capital, enfatizó: “Depende de la empresa y de su alcance. Dada la complejidad de las leyes en EEUU, a las compañías más pequeñas se les hace difícil siquiera pensar más allá de un solo estado”.

Aun así, para Yakatan, la redada también funcionó como un catalizador personal: “Mi determinación de luchar por esta industria se fortaleció gracias al apoyo que hemos recibido”.

Protestas, gas lacrimóngeno y un congresista bloqueado

Según Newsweek, imágenes en video mostraron aparentemente a un manifestante disparando un arma contra agentes federales durante la redada en Carpinteria. El jefe de la Patrulla Fronteriza de EEUU., Michael W. Banks, condenó el hecho y prometió “consecuencias serias”.

Las tensiones aumentaron cuando los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas del orden, lo que derivó en el uso de gas lacrimógeno y municiones antidisturbios. Se reportó que al congresista estadounidense Salud Carbajal se le negó el ingreso al sitio de Carpinteria durante el operativo.

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La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, respondió firmando la Directiva Ejecutiva N° 12, ordenando a los departamentos municipales que se preparen ante posibles futuras acciones federales y protejan a las comunidades migrantes. Un juez federal también emitió una orden de restricción contra el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) tras denuncias de uso excesivo de la fuerza contra periodistas que cubrían las protestas.

Luna Stower, defensora del cannabis desde hace años y ejecutiva del sector, se enfocó en el costo humano de las redadas, describiéndolas como “un recordatorio escalofriante de que la legalización no ofrece protección cuando el poder federal decide actuar”.

Aemás, calificó el operativo como ilegal y señaló que se impidió el acceso de miembros del Congreso al lugar. “Había niños llorando por sus padres, que fueron arrancados de su lado”, contó a High Times.

Para Stower, el mensaje detrás de la redada fue claro: no se trató de cumplimiento legal, ni de trabajo infantil, sino de poder. “Tanto los operadores con licencia como los trabajadores migrantes fueron tratados como enemigos; sus invernaderos, convertidos en campos de batalla”, afirmó. “Se trata de control. De enviar un mensaje a quienes construyeron el cultivo de California y el movimiento cannábico: su trabajo y sus vidas siguen siendo desechables a los ojos de la policía”.

Argumentó que la industria en su conjunto debe reflexionar sobre su responsabilidad de proteger a los trabajadores más vulnerables: “El cannabis no puede llamarse una industria progresista mientras se aterroriza a trabajadores agrícolas y se desestabilizan comunidades”.

Así, llamó a la solidaridad, a una reforma política urgente y a un examen profundo de los problemas sistémicos que la legalización, por sí sola, no puede resolver.

Políticas, trabajo y cadenas nacionales de suministro

Noemí Perez, empresaria cannábica y defensora de los derechos de las personas migrantes, advirtió que la actual ola de deportaciones está generando efectos dominó en toda la agricultura, incluido el sector cannábico. Si bien reconoció que puede haber necesidad de una política migratoria, enfatizó que su mala implementación está poniendo en riesgo industrias completas.

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“Me preocupa profundamente cómo se ha manejado la situación de las deportaciones”, declaró en exclusiva para High Times. “Aunque la política en sí pueda ser necesaria, su implementación ha desestabilizado muchas industrias agrícolas, incluido el cannabis, donde el acceso a una medicina segura y regulada para más de 3 millones de personas en EEUU está en peligro”.

Como ejemplo, citó el caso de Florida. Desde la aprobación de la ley SB 1718, el estado enfrenta una escasez de mano de obra en múltiples sectores, en especial en el cultivo de naranjas.

“Esto no solo amenaza nuestro suministro de alimentos, sino que también agrava los desafíos en una industria que ya venía con dificultades”, señaló, destacando que Florida incluso ha tenido que importar naranjas desde Chile, a pesar de contar con el clima e infraestructura necesarios para producirlas localmente.

“Esto subraya la urgencia de diseñar políticas más cuidadosas y equilibradas, que consideren el impacto más amplio en las personas, la agricultura y la economía”, agregó Pérez.

También abordó la responsabilidad de las empresas del sector cannábico en tiempos de incertidumbre: “Como empleadores, tenemos el deber de responder a los temores que enfrentan nuestros equipos a diario”.

Contó que sus empresas han estado educando a sus trabajadores sobre la documentación necesaria para circular con seguridad por espacios públicos y promoviendo el diálogo abierto.

“Además de eso, estamos brindando recursos sobre cómo reconectarse con seres queridos en caso de emergencia. Este momento exige más que cumplir: exige compasión, solidaridad y acción”, dijo.

¿Qué sigue?

El contexto general es claro: la industria legal del cannabis en EEUU sostiene más de 440.000 empleos de tiempo completo, con alrededor de 80.000 trabajadores en California en áreas como cultivo, manufactura y venta minorista. A nivel nacional, se estima que hasta el 70% de los trabajadores agrícolas está indocumentado, lo que subraya cuán central es la política migratoria para la estabilidad laboral tanto en el cannabis como en el resto del agro.

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Al cierre de esta edición, no hay indicios de que Glass House Farms enfrente cargos penales. La empresa afirma que sus operaciones continuarán y que se está brindando asistencia legal a los trabajadores afectados.

Aun así, este episodio sacudió al mundo del cannabis. No porque fuera inesperado, sino precisamente porque no lo era.

Vía High Times, traducido por El Planteo

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