Paraguay Rechazó la Despenalización del Autocultivo de Cannabis: Enojos, Ironías y una Votación Apresurada

Con una votación veloz, sin debate profundo y con una fuerte carga de estigma, el Senado paraguayo rechazó el miércoles 28 de mayo el proyecto de ley que buscaba despenalizar el autocultivo de cannabis para uso personal en domicilios particulares, según ABC.

La iniciativa, presentada por los senadores Éver Villalba (Alianza Senadores por la Patria), Esperanza Martínez (Frente Guasú) y Eduardo Nakayama (Alianza Senadores por la Patria), pretendía introducir modificaciones clave a los artículos 30 y 33 de la Ley 1.340/88, habilitando a las personas mayores de edad a sembrar y poseer hasta tres plantas de cannabis en sus hogares sin consecuencias penales.

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¿Qué proponía el proyecto?

La propuesta legislativa buscaba establecer una excepción explícita para el caso de la marihuana dentro de la ley que reprime el tráfico de estupefacientes. En concreto, el nuevo artículo 30 hubiera permitido la tenencia de tres plantas en el hogar; el artículo 33, por su parte, hubiera legalizado la siembra, cultivo y recolección de esas plantas. No se requería receta médica ni registro previo.

Sus impulsores señalaron que Paraguay enfrenta una situación alarmante en términos de criminalización por delitos relacionados con drogas, siendo estos la segunda causa de mayor ingreso de personas al sistema penitenciario.

Si entramos en detalles, el Ministerio de Justicia y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura informan que el 45,15% de las mujeres encarceladas y el 15,52% de los hombres en la misma situación lo están por delitos relacionados con las drogas.

¿Qué daño a la salud pública representa que una persona tenga dos o tres plantas en su casa?, se cuestionaron los senadores en la presentación del proyecto, que también mencionó el caso de una mujer de 61 años detenida por tener dos plantines, situación que disgustó a la población por considerarla extrema.

Autocultivo de cannabis en Paraguay: ¿Quiénes se pronunciaron en contra y quiénes a favor?

A pesar de los múltiples argumentos, el proyecto fue rechazado sin posibilidad de análisis. El rechazo fue impulsado por el bloque Honor Colorado, movimiento político liderado por el expresidente Horacio Cartes, que agrupa al ala más conservadora del Partido Colorado.

El senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación y Codificación, defendió el rechazo afirmando que el proyecto no especificaba qué tipo de marihuana se buscaba legalizar y que su aprobación podría derivar en un aumento del cultivo ilegal en zonas urbanas y un “impacto negativo en la salud”.

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A estos argumentos se sumó la Senadora Celeste Amarilla (PLRA), apuntando a la famosa teoría de la marihuana como “droga de entrada”, abogando que la planta llevaría a sus usuarios a consumir otras drogas.

Previo a la votación legislativa, el proyecto fue debatido en una audiencia pública celebrada en abril de 2025 en el Congreso Nacional. Allí se expusieron argumentos basados en evidencia científica, donde médicos resaltaron los beneficios terapéuticos de la planta, productores campesinos denunciaron la criminalización injusta de cultivos domésticos, y pacientes y activistas exigieron una regulación que garantice el acceso sin persecución. Ninguna de estas instancias fue mencionada en el Senado.

Tampoco hubo lugar para voces alternativas. La senadora Norma Aquino, de la organización Mamá Cultiva, intentó defender el proyecto desde su experiencia como usuaria de cannabis medicinal. “Acá hay colegas, hay políticos, empresarios, jugadores de futbol que consumen a diestra y siniestra por macanada y se alarman porque se pide el apoyo al proyecto de autocultivo”, señaló. Su intervención fue ignorada.

Paraguay produce cannabis… Pero para afuera

La ironía más cruda es que, mientras el Senado criminaliza el autocultivo, Paraguay es el principal productor ilegal de cannabis de Sudamérica. Según datos de la propia SENAD, el 80% del cannabis producido en el país se trafica a Brasil, y se estima que hay más de 7.000 hectáreas de cultivo ilegal.

Estas plantaciones existen “en su mayor parte, sin impedimento de la policía u otra autoridad”, según un informe de Insight Crime, bajo un esquema sistemático de corrupción que involucra a fuerzas de seguridad, políticos y redes de intermediarios.

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Gerson, un productor ilegal entrevistado por Agência Pública, fue claro: “Pagamos USD 70 a la policía y nos dejan pasar. En época de cosecha, cada patrón debe pagar 10 millones de guaraníes para que no haya operativo”.

Muchas familias rurales recurren al cultivo ilegal de cannabis como forma de subsistencia, ante un Estado ausente, corrupto y represivo, según el estudio académico El dilema del Estado en el cultivo de marihuana en Paraguay. La legalidad no solo los empobrece, sino que los somete a sobornos policiales sistemáticos. “Lo legal no solo los empobreció, sino que también los marginó, abusó y denigró”, concluye el documento. Lo ilegal ofrecía, al menos, una posibilidad de progreso.

La paradoja es brutal: el Estado persigue al usuario que planta tres semillas, mientras permite —e incluso se beneficia de— el cultivo industrial no declarado.

La injusticia y la contradicción se profundizan si consideramos que Paraguay cuenta con una industria legal de cannabis y cáñamo industrial, cuyos frutos son exportados a Europa en su totalidad.

Un debate que no fue

El senador Rubén Velázquez (Yo Creo) intentó frenar el rechazo con una moción para postergar la discusión sine die (sin fecha). No tuvo éxito. La mayoría cartista pidió cerrar el debate y pasar directamente a la votación. Sin debate real ni posibilidad de modificaciones, la propuesta fue archivada por mayoría.

“Aquí (en el Senado) nadie habla de Sebastián Marset, nadie habla del avión iraní y nadie habla de Federico Santoro”, denunció el senador Éver Villalba antes de la votación, señalando que el narcotráfico está enquistado en la sociedad, el Estado e incluso en los medios de comunicación.

Al respecto, agregó una fuerte acusación: “Estamos en un Estado de mafia que tiene nexos directos con parlamentarios sentados en ambas cámaras”.

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Y es que el mayor ganador de este tipo de decisiones no es la salud pública, sino el narcotráfico. Varias investigaciones, además de la experiencia práctica de algunos países, han demostrado que la regulación de las drogas resulta un golpe para el mercado ilegal. Con tal contexto, no es de extrañar que la insistencia de los legisladores en ignorar estas evidencias levante la sospecha de conexiones entre el poder estatal y el narcotráfico.

Con el rechazo, se archiva una oportunidad de construir una política pública racional, basada en derechos humanos y no en la hipocresía. El autocultivo sigue siendo delito en un país donde los verdaderos beneficiarios del negocio del cannabis son los actores que supuestamente lo combaten.

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