¡Vamo’ Arriba! Uruguay Vuelve a Considerar la Venta de Cannabis a Turistas y No Residentes

Uruguay está considerando la posibilidad de que turistas y no residentes mayores de 18 años que lleguen al país rioplatense puedan comprar cannabis aun sin ser ciudadanos. 

El director ejecutivo del IRCCA (Instituto de Regulación y Control del Cannabis), Martín Rodríguez, confirmó que el organismo está analizando la posibilidad para engrosar el circuito legal del cannabis en el país, aumentar la cobertura del mercado formal y debilitar al mercado ilícito.

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Actualmente, solo las personas con residencia permanente o cédula uruguaya pueden acceder a la venta regulada en farmacias, que hoy ofrecen cuatro variedades: ALFA, BETA, GAMMA y ÉPSILON. 

El trasfondo, no obstante, va más allá de atraer visitantes: tiene que ver con los objetivos originales de la regulación.

¿Por qué Uruguay quiere legalizar el cannabis para turistas?

Uruguay ya superó hace tiempo la discusión sobre si regular o no: reguló, implementó y ajustó un sistema que, con sus matices, mostró resultados concretos. Se consolidó una red de clubes, farmacias y autocultivadores; se reforzaron campañas de información pública; y se afianzó una política que prioriza la reducción de daños y el control estatal de la cadena.

Como explicó Martín Rodríguez, la regulación “se ha ido solidificando a lo largo de los años”, pero el modelo enfrenta ahora un límite: lo logrado hasta hoy no alcanza para seguir desplazando al mercado ilícito ni para cerrar las brechas de acceso que dejó la normativa original.

En una entrevista con Canal 10, el director se preguntó: “¿Qué cosas necesitamos hacer para que la regulación del cannabis siga cumpliendo sus objetivos de mejor forma?”. Y se respondió: “Uno de los objetivos clave para esto es aumentar la cobertura del mercado formal, seguir sustituyendo el mercado ilegal o irregular por un mercado formal”, según compartió Swiss Info.

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Ahora bien, innegablemente, el turismo cannábico puede funcionar como una máquina imparable para mover la economía, frenar el mercado ilícito y generar, valga la redundancia, más turismo. Algunos lugares con mercados recreativos robustos —como California o Colorado— ya pusieron marcha a programas de venta de cannabis para turistas, con resultados más que prometedores. Por caso: más actividad hotelera, gastronómica, cultural y más recaudación estatal.

Pero la medida no apunta solo turismo cannábico. En Uruguay hay muchas personas no residentes —que no son necesariamente turistas— que tampoco pueden acceder a la venta de cannabis en farmacias. Pensemos en quienes llegan a hacer temporada de verano por unos meses, quienes viven fuera pero viajan a visitar a su familia o quienes están de paso por trabajo, estudio o la razón que sea. Mientras tu domicilio esté fuera del Uruguay, no podrás comprar marihuana legal en farmacias. 

En 2013, durante el gobierno de José Mujica, Uruguay aprobó la Ley 19.172, norma que creó el primer mercado de cannabis de uso adulto regulado por el Estado en el mundo. Desde entonces, el país viene aplicando una política que combinó control estatal, trazabilidad, reducción de riesgos y mecanismos de acceso supervisados. A más de doce años de su sanción, el modelo mostró avances: consolidó un mercado formal en expansión, redujo parte del circuito ilegal y generó un sistema de cultivo, producción y venta sin precedentes a nivel global.

Pero la pregunta clave, que se hizo Rodríguez, es la siguiente: ¿qué pasa con los turistas o no residentes mayores de 18 años que llegan a Uruguay y quieren o necesitan cannabis y no consiguen hacerlo de manera legal? Fácil: acuden al mercado ilícito.

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Rodríguez lo dijo sin rodeos: “La incorporación de los extranjeros entra directo en el centro de la discusión”, porque quienes visitan Uruguay y quieren usar marihuana ya lo hacen, solo que obligados a recurrir al mercado irregular.  Por eso, “esta discusión es central para pensar en el siguiente paso de cobertura”, afirmó el funcionario.

La lógica detrás de la propuesta es sencilla: así como los residentes uruguayos tienen derecho a acceder al circuito regulado, quienes visitan el país también deberían contar con una vía segura, controlada y trazable, sin quedar relegados a un mercado paralelo que la propia ley siempre buscó reducir.

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Hoy, el acceso recreativo está limitado a tres vías: autocultivo registrado, clubes de membresía, y compra en farmacias. Esto es, siempre con registro previo y con la condición de ser mayor de edad y residente o ciudadano/a uruguayo.

Los clubes de membresía, por ley, no pueden admitir compradores circunstanciales ni ofrecer flores a personas no asociadas. Y las farmacias —incluso si quisieran venderle a un turista— tampoco pueden hacerlo: la normativa exige sí o sí estar inscripto en el registro como residente.

La idea de habilitar el acceso a turistas no es nueva. En 2021, Daniel Radío —entonces secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas y presidente del IRCCA— ya hablaba de permitir que visitantes extranjeros compraran marihuana legal como “un estímulo más para la llegada de turistas” y como “algo más de recaudación”.

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Meses después, en diálogo con El País, aseguró que quería implementar el turismo cannábico “lo antes posible para empezar a probar qué pasa” y planteó que, en el futuro, sería una obviedad que las personas puedan “tomar una copa de vino o fumar cannabis” cuando viajan, pero que hoy todavía pesan “resabios y coletazos del prohibicionismo”.

Sin embargo, ese impulso no se tradujo en una reforma concreta: ni se modificó la Ley 19.172 ni se creó un registro específico para no residentes y la venta a turistas nunca llegó a implementarse. 

En 2022, el tema regresó al Parlamento a través de un proyecto de ley que proponía habilitar a “los no residentes que se encuentren legalmente en el territorio de la República” a acceder, durante su estancia, a los mecanismos de venta de cannabis autorizados por la ley de 2013. Esa discusión reflejaba apoyos y resistencias dentro de la coalición de gobierno de entonces, y mostraba que el consenso político todavía no alcanzaba para abrir del todo la puerta al turismo cannábico.

En aquel debate se pusieron números sobre la mesa: con 3,4 millones de habitantes y más de 1,5 millones de turistas extranjeros en solo nueve meses, un estudio de la consultora Equipos estimó que unas “100.000 personas por año […] ingresarán al turismo para consumir cannabis si esa puerta está abierta”, lo que implicaría hasta 1.470 kilos adicionales de demanda anual, sobre la base de los 15 gramos mensuales que permite el sistema regulado.

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El diputado frenteamplista Eduardo Antonini defendía entonces un esquema de acceso igualitario para residentes y no residentes, salvo el autocultivo por su carácter permanente, y advertía que la exclusión actual empuja a muchos visitantes al mercado ilícito “con los consiguientes riesgos”.

Centros de expendio, registros temporales y las preguntas que todos nos hacemos

El nuevo factor en la discusión es doble. Por un lado, el IRCCA ya no habla solo de habilitar a turistas, sino también de la posibilidad de crear “centros de expendio alternativos a las farmacias”, algo que exige modificar el artículo de la Ley 19.172 que dejó la venta exclusivamente en manos de estos establecimientos.

“Claramente tenemos la necesidad de modificar ese punto de la ley para permitir que el regulador, el IRCCA, pueda elegir los mejores mecanismos para que esto se comercialice, además de la farmacia”, señaló Rodríguez.

Por otro lado, el debate se cruza con viejas propuestas que nunca llegaron a reglamentarse, como la creación de registros temporales para turistas —que caerían al salir del país— o la posibilidad de que emprendimientos turísticos habilitados puedan asociarse con clubes cannábicos y ofrecer membresías de corta duración a sus huéspedes, una idea que Antonini defendía como forma de “corregir una desigualdad” y dinamizar la economía local.

Nada de esto está cerrado: la nueva administración de Yamandú Orsi y el IRCCA que encabeza Rodríguez deberán traducir estas alternativas en textos concretos, negociar mayorías parlamentarias y, recién entonces, definir cómo será el acceso para no residentes.

Qué podría significar abrir el acceso a turistas y no residentes

Si Uruguay finalmente habilita la compra legal de cannabis de uso adulto a turistas y no residentes, el cambio puede leerse en varias capas:

• En lo económico, se trata de capturar un segmento de turismo cannábico que ya existe a nivel global y que mueve unos USD 17 mil millones al año entre flores, derivados, experiencias y servicios asociados en países como EEUU.
• En cuanto a salud y seguridad, implica ofrecer productos estandarizados y trazables a personas que ya consumen, pero sin garantías de calidad ni de origen y que, mientras tanto, alimentan al narcotráfico.
• Y en términos de derechos, retoma la preocupación de Radío por una “inequidad de base” en una ley que permite fumar a residentes en canales regulados mientras empuja a quienes vienen de afuera hacia el mercado que la propia regulación buscó desarmar.

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A doce años de la ley impulsada por el expresidente Mujica y tras varios intentos fallidos de abrir la puerta a visitantes, el movimiento del IRCCA podría comenzar a sentirse. Bajo el nuevo gobierno de Orsi, esto sugiere que Uruguay no quiere quedarse a mitad de camino entre el laboratorio regulatorio y un modelo maduro, capaz de integrar también a quienes pisan su suelo por unos días o unos meses.

La pregunta ahora es si 2025 será, por fin, el año en que ese “turismo cannábico” deje de ser titular de nota y se convierta en práctica cotidiana, o si la venta a no residentes seguirá siendo, una vez más, la gran promesa pendiente de la regulación uruguaya y un mayor golpe a la venta ilícita.