EE.UU. Prohibió el Cáñamo Otra Vez... Ahora Admiten Que No Tienen Cómo Controlarlo
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Un nuevo análisis del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) de Estados Unidos indica que el gobierno federal podría no tener la capacidad ni la claridad necesarias para aplicar la prohibición del cáñamo, que entraría en vigor en noviembre de 2026. El documento, publicado el 3 de diciembre, detalla las consecuencias legales de la redefinición del cáñamo por parte del Congreso durante el cierre del gobierno y plantea una pregunta que nadie en Washington terminó de responder: ¿Qué pasa cuando una prohibición se convierte en ley, pero no existe la infraestructura para implementarla?
El CRS señala que el Departamento de Justicia mantiene actualmente una estrategia de no intervención para hacer cumplir la clasificación de la marihuana en Lista I, y que las agencias federales podrían carecer de los recursos necesarios para aplicar ampliamente las leyes que prohíben la comercialización de productos intoxicantes de cáñamo. En otras palabras, el Congreso cambió la definición de cáñamo, pero las agencias responsables de supervisar este cambio podrían no estar preparadas para gestionarlo.
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Un informe anterior de High Times desglosó cómo el acuerdo de cierre restableció el control federal sobre la mayoría de los productos derivados del cáñamo y estableció un plazo de un año para establecer un nuevo límite total de THC y prohibir los cannabinoides sintéticos o modificados. Dicho reportaje examinó el lenguaje, la disputa política subyacente y las preguntas que plantea el plazo de 365 días antes del inicio de la aplicación de la ley. En un artículo posterior, High Times documentó cómo los estados ya se están preparando para gestionar la nueva definición federal según sus propios términos.
El informe de CRS ahora incorpora la perspectiva federal.
Cáñamo en EEUU: Definiciones nuevas, problemas viejos
El acuerdo de cierre redefine al cáñamo legal por primera vez desde la Ley Agrícola de 2018. El cáñamo ya no se define únicamente por el delta-9 THC: ahora está limitado por el THC total en peso seco. Cualquier cantidad superior al 0,3% se considera marihuana según la Ley de Sustancias Controladas. Los productos de consumo tienen un límite adicional de 0,4 miligramos de THC total por envase.
La ley también excluye los cannabinoides que la planta no puede producir de forma natural o que se fabricaron fuera de ella. Estas disposiciones se centran en el delta-8, el delta-10 y una serie de isómeros sintetizados que podían encontrarse en las tiendas de Estados Unidos después de 2018.
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La nueva definición entra en vigor el 12 de noviembre de 2026. El CRS confirma que la FDA debe publicar listas de cannabinoides naturales, cannabinoides de la clase THC y compuestos con efectos similares en un plazo de 90 días a partir de su promulgación. La FDA también debe definir qué se considera un “envase“. Esa sola palabra determinará si los artículos multiservicio, las bebidas o los formatos a granel se consideran una sola unidad o varias unidades.
El CRS afirma que la industria del cáñamo ha expresado su oposición al cambio y prefiere un enfoque regulatorio a la aplicación de la ley penal. Además, señala que muchos productos que ahora se venden como cáñamo se considerarán sustancias controladas el próximo año.
El rompecabezas de la ley
La sección más contundente del informe se centra en la aplicación de la ley. El CRS escribe que “sigue sin estar claro si las autoridades federales harán cumplir las nuevas prohibiciones y cómo lo harán”. El Departamento de Justicia se ha pasado una década delegando a los programas estatales de cannabis, a pesar de que tales programas siguen siendo ilegales, según la ley federal. Este patrón podría repetirse con la prohibición del cáñamo, donde millones de productos se convierten en contrabando de la Lista I de la noche a la mañana, mientras que miles de pequeñas empresas, productores de bebidas, agricultores y minoristas continúan operando a plena vista.
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Según el CRS, tanto la FDA como la DEA “podrían carecer de los recursos para aplicar ampliamente” las nuevas normas. Las agencias tienen la autoridad para actuar, pero no necesariamente el personal ni el presupuesto. El CRS añade que el Congreso podría optar por ejercer supervisión para aclarar las prioridades de aplicación de la ley en el Departamento de Justicia, la DEA y la FDA.
Algunos estados ya están tomando medidas. Gobernadores, productores y agricultores en lugares como Texas, Kentucky, Minnesota y Carolina del Norte están indicando que regularán el cáñamo intoxicante bajo la ley estatal en lugar de considerar el nuevo límite de Washington como la última palabra. Florida dedicó dos años a desarrollar un marco regulatorio estricto para los extractos de cáñamo. Texas mantuvo la legalidad del cáñamo intoxicante bajo la HB 1325 y creó un conflicto directo entre la ley estatal y la federal. Minnesota creó un ecosistema de bebidas de baja dosis que ahora supera el límite federal. Estas tensiones reflejan el panorama de la marihuana, donde la prohibición federal continúa, pero la industria prospera bajo las leyes estatales.
El CRS insinúa que la misma contradicción podría surgir en este caso.
Un cambio federal con consecuencias nacionales
Lo que aprobó el Congreso no es un pequeño ajuste. Se trata de una reversión de la Ley Agrícola de 2018. Traza una clara línea divisoria entre el cáñamo industrial y casi todo lo que vino después de 2018. Asigna nuevas responsabilidades a la FDA. Plantea interrogantes sobre el comercio interestatal, la banca, los impuestos y las marcas registradas. Plantea una colisión entre la ley federal y los mercados estatales que crecieron bajo la antigua definición.
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El informe de CRS no toma partido: simplemente informa los hechos al Congreso. El panorama es complejo. Washington cambió las reglas, y la industria se prepara para el impacto. Las agencias responsables aún están decidiendo cómo será el próximo año.
Para algunos defensores, la falta de claridad es otro argumento para eliminar por completo al cannabis de la Ley de Sustancias Controladas. En un reciente artículo de opinión en High Times, el cultivador Bill Levers escribió que el cannabis debería tratarse más como un nutracéutico que como un producto farmacéutico, y que la desclasificación es la única vía que se ajusta al uso real de la planta por parte de la gente. Su argumento se sitúa en una fase anterior de esta controversia. Si el cáñamo y el cannabis permanecen bajo la CSA, las agencias federales seguirán definiendo y redefiniendo sus límites.
El informe del CRS concluye con un recordatorio: el Congreso puede influir en la aplicación de la ley mediante la supervisión. El Departamento de Justicia, la FDA y la DEA cuentan con herramientas civiles y penales que pueden implementar. Las decisiones que tomen estas agencias el próximo año determinarán si noviembre de 2026 marca el regreso de la prohibición o el inicio de otra tregua incómoda entre la ley federal y los mercados reales.
Vía High Times, traducida por El Planteo.
Foto de portada creada con Gemini AI.
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