Las Cicatrices de la Guerra contra las Drogas en las Comunidades Racializadas: El Caso de Nueva York

Por Torian Easterling y Jahmila Edwards

Al desentrañar las consecuencias interconectadas y en cascada de la Guerra contra las Drogas, podemos ver claramente cómo las comunidades más afectadas por la criminalización de las drogas son las que menos beneficios han obtenido de la medicalización.

Un claro ejemplo de esto es el caso de Nueva York. Las desigualdades raciales en el estado existen desde hace mucho tiempo, alimentadas en parte por el racismo estructural y las desinversiones crónicas y de larga data derivadas de leyes federales y estatales. Estas desigualdades condicionan muchas facetas de las comunidades y las personas, incluido el acceso a una atención sanitaria preventiva y de alta calidad. Allí, la inaccesibilidad a la atención sanitaria se traduce en una falta de cannabis medicinal para pacientes que, de otro modo, podrían obtener acceso.

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Nueva York está priorizando correctamente la expansión del cannabis medicinal junto con el crecimiento del mercado de uso adulto. Esto ayudará a las personas que están actualmente en el programa de cannabis medicinal y puede ampliar la educación y el acceso a las personas y comunidades que han sido desproporcionadamente afectadas por las políticas racistas, si se invierte adecuadamente.

Sin embargo, como ocurre con todo en el cannabis, la solución equitativa es más complicada que la simple aprobación de licencias a operadores calificados de cannabis medicinal. Antes de sugerir una solución, analicemos el impacto de las políticas antidroga racistas en las comunidades racializadas y de bajos ingresos en todo el estado de Nueva York.

Encarcelamiento y estabilidad financiera

Se ha demostrado que las interacciones con el sistema de justicia penal aumentan el desempleo, la dependencia de empleos alternativos y a menudo de menor calidad, y una pérdida sostenida de ingresos. Debido a las políticas de guerra contra las drogas a nivel nacional y en Nueva York (sobre todo las Leyes Rockefeller sobre drogas), una parte significativa de las personas encarceladas han sido delincuentes relacionados con las drogas, en particular miembros de las comunidades negra y latina.

Las detenciones por delitos menores desempeñaron un papel importante en la guerra contra las drogas y en las estrategias policiales relacionadas con la calidad de vida que se popularizaron en todo Nueva York, y a menudo estaban relacionadas con tasas más elevadas de detenciones previas al juicio que generan desempleo y pérdida de ingresos.

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Además, es importante señalar un impacto particular: la tasa sorprendentemente alta de encarcelamiento de mujeres con y sin hijxs. En Nueva York, la población carcelaria y penitenciaria femenina aumentó un 190% y un 272% respectivamente entre 1980 y 2017, impulsada en gran medida por las condenas por drogas. En 1999, las mujeres racializadas representaban el 91% de las mujeres condenadas por delitos de drogas en Nueva York, a pesar de ser el 32% de la población del estado.

El encarcelamiento femenino no solo afecta a las mujeres individualmente, sino a menudo al bienestar económico de familias enteras. En 2017, más de 8 de cada 10 mujeres solo en las cárceles de Nueva York eran madres, siendo los delitos de drogas el principal motivo de detención. Y lo que es más importante, el encarcelamiento materno aumenta las posibilidades de que sus hijxs sean encarcelados en el futuro, produciendo una devastación económica intergeneracional.

Afortunadamente, gracias a la Ley de Regulación y Fiscalidad de la Marihuana (MRTA, por sus siglas en inglés) y a otras leyes, casi medio millón de personas han visto sus condenas relacionadas con el cannabis borradas, lo que supone un alivio frente a futuras revelaciones de información económicamente perjudicial.

Vivienda en el contexto de la guerra contra las drogas en Nueva York

La vivienda estable, segura y de calidad es un factor determinante de la salud. Sin embargo, las políticas de vivienda en el marco de la Guerra contra las Drogas en Nueva York han fomentado la inseguridad de la vivienda, la falta de hogar y los malos resultados en materia de salud al basarse firmemente en los desalojos y la vigilancia de la vivienda para hacer frente a la “prevalencia” de las drogas en los entornos residenciales.

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Entre 1988 y 1998, el fervor antidroga movilizó la aprobación de amplios proyectos de ley centrados en la eliminación de las drogas en la vivienda. A través de estos proyectos de ley, el gobierno federal hizo que lxs inquilinos de viviendas públicas fueran cada vez más vulnerables a los desalojos relacionados con drogas. En primer lugar, penalizó a lxs usuarios de drogas y, a continuación, a las personas con las que vivían o se relacionaban. Como resultado directo de estas políticas, casi 5.000 personas fueron excluidas permanentemente solo de la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York entre 2007 y 2014. Y lo que es más sorprendente, más de 111.000 residentes de la ciudad de Nueva York han corrido el riesgo de que se les deniegue la vivienda desde 1980 solo por delitos relacionados con drogas, de los cuales casi 50.000 fueron vulnerables por la mera posesión de sustancias.

Debido a que tantas personas han interactuado con el sistema de justicia penal, están afiliadas a personas afectadas por la justicia o tienen barreras que les impiden cumplir con los requisitos de vivienda relacionados con las drogas, cientos de miles de neoyorquinxs se han enfrentado a condiciones de vida inestables como resultado directo de las políticas de la guerra contra las drogas.

Educación en el contexto de la guerra contra las drogas en Nueva York

Al igual que en el caso de la vivienda, las políticas educativas de la guerra contra las drogas se centraron en la privación de recursos y en la aplicación punitiva de la ley. Después de varias décadas, lxs jóvenes de comunidades minoritarias y de bajos ingresos han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias a largo plazo.

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El acceso a la educación superior de las personas con antecedentes por delitos de drogas, por leves que sean, se ha visto limitado tanto por los encarcelamientos masivos como por la exclusión legal específica. Tras la aprobación de la Ley contra el Abuso de Drogas de 1984, las investigaciones muestran una disminución demostrable de las matriculaciones en las universidades entre los hombres negros debido al aumento de las tasas de encarcelamiento relacionadas con drogas.

Sin embargo, no bastaba con penalizar sólo a lxs encarcelados o a los que cursaban estudios superiores. Durante el mandato de Reagan, las escuelas primarias y secundarias fueron reconocidas como un lugar clave para las estrategias antidroga de “confrontación”. La suspensión, la expulsión y otras políticas de tolerancia cero se popularizaron a través de la retórica antidroga, y el número de agentes de policía escolar se disparó a medida que evolucionaban las estrategias de guerra contra las drogas. Para 2008, sólo la División de Seguridad Escolar de la policía de Nueva York era la quinta fuerza policial más grande a nivel nacional.

La presencia de agentes de policía en las escuelas puede apaciguar las preocupaciones por la seguridad, y los datos anecdóticos sugieren su utilidad en determinados casos, pero las pruebas demuestran que la vigilancia policial de lxs niños, en conjunto, ha ampliado las oportunidades educativas y las diferencias de rendimiento. Se ha demostrado que la intervención policial en lxs estudiantes reduce los resultados educativos individuales y produce altos índices de angustia emocional y trastorno de estrés postraumático, lo que perjudica aún más el rendimiento académico.

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Además, las escuelas con prácticas más punitivas que siguen la lógica de la tolerancia cero y la guerra contra las drogas registran un menor rendimiento entre todos lxs estudiantes y mayores tasas posteriores de delincuencia entre lxs adultos. Lxs estudiantes de zonas con altos índices de violencia y brutalidad policial ya ven disminuidos sus promedios académicos, lo que hace que las interacciones con la policía en las escuelas sean aún más devastadoras. En el estado de Nueva York, estas disparidades raciales y los daños asociados al aprendizaje comienzan ya en la escuela primaria y secundaria.

Efectos agravantes

Considerar los determinantes sociales de la salud mencionados de forma aislada ofrece una ventana a la forma en que la actuación policial y las políticas de la guerra contra las drogas han tenido un impacto específico en cada uno de ellos. Sin embargo, las vidas no pueden compartimentarse tan fácilmente, y es importante reconocer que cada determinante social de la salud tiene efectos demostrables sobre los demás.

Más allá de los peores resultados en materia de salud, la vivienda de baja calidad o inestable está relacionada con un nivel educativo y logros académicos más bajos, así como con una menor estabilidad financiera. Como era de esperar, una educación superior conlleva mayores ingresos, una vivienda de mayor calidad e incluso un mayor valor de la vivienda.

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La inextricable conexión entre estos determinantes también provoca consecuencias que se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, las dificultades económicas no sólo reducen las oportunidades de vivienda, sino que aumentan las desigualdades en materia de vivienda en su conjunto, “encerrando así a las personas menos favorecidas en lugares menos favorecidos”. Al considerar el impacto de las políticas de la guerra contra las drogas en las comunidades afectadas, es importante recordar que, aunque estas estrategias se centraban en aspectos concretos de las interacciones y vidas individuales, los efectos se propagan por todos los aspectos de la vida de una persona.

Al desentrañar las consecuencias interconectadas y en cascada de la guerra contra las drogas, podemos ver claramente cómo las comunidades más golpeadas por la criminalización de las drogas han cosechado los menores beneficios de la medicalización.

Vía The Bluntness, traducido por El Planteo.

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