15N | Marcha Nacional de la Marihuana en Argentina: ¿Por Qué Marchamos?

Por la liberación de todas las personas presas por cannabis, por la equidad de género dentro del movimiento, por el derecho a usar y a cultivar sin miedo y por la necesidad de políticas públicas reales que acompañen, en lugar de castigar. Estas son solo algunas de las razones que distintas voces del movimiento cannábico compartieron con El Planteo  para responder una pregunta tan simple como urgente: ¿por qué marchamos?

Este sábado 15 de noviembre, la Marcha Nacional de la Marihuana vuelve a llenar las calles de toda la Argentina. En CABA, la concentración se realizará a las 14:00 hs en Plaza de Mayo, para movilizar hacia el Congreso a las 4:20 (obvio). Una jornada federal, nacida desde abajo, que convoca a cualquiera que defienda los derechos de la planta y de quienes la acompañan: usuaries, cultivadores, pacientes, médicos y médicas, familias, activistas.

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Pero primero lo primero: entendamos por qué se convoca a defender los derechos de la planta y de sus usuaries, cuáles son las principales consignas de esta manifestación y, entre otras cosas, en qué difiere del 4/20 —la fecha más simbólica de la cultura cannábica global— y qué se puede esperar del movimiento este año y los siguientes.

¿Por qué marchamos? La deuda del Estado con la comunidad

Las razones son varias, pero todas parecieran estar eslabonadas por una deuda profunda entre el Estado y la sociedad. Una deuda que se mide en criminalización, causas armadas, trámites congelados y el miedo cotidiano de quienes cultivan, acompañan o simplemente eligen cuidar a través de la planta.

El acceso a la salud (de forma legal, correcta y segura) es un derecho garantizado por la Constitución Nacional y por tratados internacionales que la Argentina suscribe. Sin embargo, miles de personas siguen dependiendo de permisos frágiles o de la buena voluntad de un médico para acceder a su medicina o cultivar sin miedo.

Marcha de la Marihuana en Argentina: Principales razones por las que se sale a la calle este 15 de noviembre

• Por la liberación inmediata de las personas presas por cannabis, en todas las instancias de la cadena: cultivar, producir, distribuir, hacer semillas, vender, acompañar.
• Por la regulación integral del cannabis para todos sus usos —medicinal, terapéutico, industrial, cultural y adulto—, una regulación que reconozca derechos y no criminalice.
• Por la despenalización del uso personal y el reconocimiento de que el cannabis es una herramienta de salud, soberanía y justicia social.
• Por la reactivación urgente del REPROCANN, hoy paralizado y burocratizado, que deja a miles de personas sin amparo legal ni acceso seguro.
• Por el resarcimiento histórico a las personas injustamente detenidas o judicializadas.
• Por la igualdad de género dentro de la comunidad y la industria, y contra las violencias machistas que todavía atraviesan los espacios cannábicos.
• Por la democratización del acceso a la planta y la participación real de las redes de cuidado, en especial las mujeres que sostienen tratamientos y acompañan procesos de salud comunitaria.
• Por políticas públicas de salud y cuidado que acompañen en lugar de castigar, y por el reconocimiento del trabajo comunitario y la economía popular cannábica.
• Por un cambio cultural que derribe el estigma y la ignorancia que aún asocian al cannabis con delito o marginalidad.
• Por el libre uso, la autonomía y el respeto a la decisión individual sobre el propio cuerpo.

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Algunas voces lo explican muy claro.

“Marchamos porque seguimos sosteniendo con nuestros cuerpos lo que el Estado todavía no garantiza: el derecho al acceso al cannabis, al autocultivo, a la salud y a la libertad”, cuenta Grace, del Movimiento Cannábico Argentino, una organización que desde hace más de una década impulsa políticas de despenalización, soberanía y justicia social. “Por quienes cuidan, por quienes resisten, por quienes todavía tienen miedo, y por quienes ya no están”, recuerda.

Desde otra trinchera, Julieta, integrante de Mamá Cultiva —ONG autogestiva que trabaja en la mejora de las leyes sobre cannabis para la salud y la descriminalización del autocultivo con fines terapéuticos—, dice: “Siempre marchamos por la democratización del acceso a la planta de cannabis. Porque aunque haya leyes, tibios permisos y programas débiles, todavía hay personas criminalizadas en nombre de una guerra que sólo fomenta violencia y marginalización. Marchamos por el derecho a cuidar con libertad, por las que pusimos el cuerpo en la ilegalidad para abrir el camino. Y marchamos también para decir que sin feminismos no hay justicia ni mucho menos equidad”.

Cris Roots, cultivador y divulgador cannábico con más de 120 mil seguidores en redes —donde promueve la educación sobre autocultivo—, escupe una realidad cruda: “El principal reclamo por el que marchamos este año, como todos los años, es basta de gente presa por plantar”, y amplía la consigna: “basta de gente presa por cannabis en general”. Comparte, además, que las actividades dentro del mundo del cannabis son muy amplias: plantar, distribuir, comercializar, hacer semillas para vender… todo esto puede significar caer en la ilegalidad de forma injusta.

Por su parte, Alejandro Mancuso, fundador de BotaniCanns, secretario de la Cámara Argentina de la Industria del Cannabis (CAINCCA) e informante en Cannábica Argentina, amplía: “Por la regulación integral del cannabis en todos sus usos, por la despenalización, porque dejen de criminalizar a los usuarios, porque se acaben las detenciones injustas de gente que incluso se ha confirmado tiene REPROCANN, por la integración, por la inclusión, por un resarcimiento a las personas injustamente detenidas, por igualdad de género en la comunidad y la industria cannábica, por un genuino acceso, por personas que marcharon, pelearon y merecen ser parte de la industria… Son cientos los motivos por los que marchamos”.

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Detrás de cada voz, las motivaciones se multiplican, pero todas convergen en un mismo punto: defender a la planta y a quienes la usan. Y aunque cada referente parta desde un territorio particular —el feminismo, la militancia barrial, el cultivo popular o la organización institucional—, el diagnóstico es compartido: el Estado llega tarde o directamente no llega. El Estado está en deuda con la comunidad. 

Ahora bien, ¿por qué nos quedamos en “comunidad” y no decimos “comunidad cannábica”? Simplemente, porque la deuda es con la sociedad toda. 

Grace cuenta que “la primera deuda es con las personas criminalizadas por cultivar. La segunda, con quienes sostienen la salud y el bienestar de otres sin respaldo estatal. Y la tercera, con quienes quieren vivir del cannabis sin tener que elegir entre la informalidad o la exclusión. El Estado debe dejar de mirar al movimiento cannábico como algo a regular y empezar a reconocerlo como lo que es: una comunidad que produce salud, trabajo y vida digna”.

La presencia estatal no debería ser un obstáculo, sino una garantía. Pero en la práctica, esa garantía se diluye en demoras, recortes y silencios. Cris habla sobre las deudas que tiene el Estado y como puede empezar a saldarlas. “Yo empezaría con lo más sencillo de resolver, que es la reactivación YA del REPROCANN. Que el REPROCANN funcione y apruebe a las personas en espera de aprobación que ya fueron recetadas por un médico. […]Pero también la parte legislativa: la gente presa por plantar cannabis tiene que salir ya, es una injusticia”.

Para las compañeras de Mamá Cultiva, la deuda es también con quienes ponen el cuerpo y toman el rol de cuidadoras, donde el Estado ni aparece ni permite que activistas participen del debate. “El Estado todavía nos debe reparación por la criminalización, acompañamiento en salud pública y políticas que reconozcan el trabajo comunitario. Nos debe una mirada no punitiva sobre las personas que cultivan, nos debe dejar de tratar como sospechosas y nos debe, sobre todo, incluirnos en la toma de decisiones”.

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Y, desde un plano más institucional, Ale resume la deuda del Estado con la comunidad atada al prejuicio: “Me parece que el Estado tiene una enorme deuda con la comunidad. Han tenido y tienen un gran prejuicio sobre quienes queremos hacer uso del cannabis, nos criminalizan injustamente, nos ven negativamente. Eso también es en gran responsabilidad de un Estado que sigue estando ausente y que la sociedad civil se organiza para estar presente ahí donde el Estado no está”.

En esa ausencia, son las propias organizaciones las que sostienen lo que el Estado abandona. “Nosotros vamos a poner el cuerpo donde el Estado no acompaña”, dice Mancuso. “Como Ciencia Sativa, Mamá Cultiva. Donde el Estado no abraza [ellas] lo hacen responsablemente, de forma consciente. Y además divulgan, imparten información, todo lo que el Estado no hace. Es una gran deuda, no solo con nosotros como comunidad, sino con la sociedad en general. Impiden acceso a tratamientos, a una mejor calidad de vida, a más derechos”.

La otra cara de la deuda: Cultural, social y educativa

Pero la deuda no es solo institucional, también es social y cultural. Si el Estado no asume la responsabilidad de informar y educar, la sociedad ignora. La estigmatización sigue siendo una herramienta de control social que retrasa derechos, condiciona políticas y reproduce prejuicios.

“Hay un desafío comunicacional y político”, comparte Ale Mancuso. “No se trata solo de regular, sino de comunicar. De explicar, con evidencia y sin miedo, qué significa el cannabis en términos de salud y desarrollo. Porque mientras no aprendamos a hablarle a la sociedad, vamos a seguir hablando entre nosotros… Tenemos que tener una comunicación más efectiva para que esas personas puedan escucharnos desde otro lugar. Porque decirle a una persona que deje de prejuzgar es, a veces, vacío. Me parece que nosotros tenemos ese desafío de aprender a comunicar de otra manera para que nos escuchen también de otra manera. No se puede gritarle a quien no quiere escuchar. […] Necesitamos también del resto de la sociedad. No alcanza solamente con ser un sector más grande, interno, que se construye desde los derechos o lo colectivo o económico. Necesitamos al ciudadano de a pie, necesitamos que la persona que no es parte de esta comunidad nos entienda, nos escuche, nos dé volumen, valor. Porque la democracia se construye con la masividad de la sociedad, y para conseguir los derechos que nos faltan, tenemos que conquistar también eso”.

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Grace refuerza la idea: “El delito no está en la planta, está en el abandono. En la falta de información, en la exclusión y en el prejuicio”.

Para Julieta, el estigma es también una forma de poder: “El estigma es una forma de control, una herramienta del patriarcado para mantenernos calladas. Pero no nos callamos más: cultivamos, acompañamos y marchamos porque sabemos que otra forma de cuidar es posible”.

Cris, con un tono directo, baja a lo cotidiano lo que ya es innegable y representa una hipocresía social: “Obviamente, hay una situación de criminalidad, pero porque es impuesta por el Estado, no porque la planta tenga un peligro real. Como sociedad aceptamos algunas drogas que sabemos nos ocasionan un montón de daños, como el alcohol —principal causa de muertes al volante— o el tabaco —principal causante de cáncer de pulmón en las personas. Así puedo seguir con un montón de drogas que uno naturaliza, que están en el día a día de las personas y donde no se pone el foco en lo dañinas que son”. Y concluye: “Habría que ser justo con todas las sustancias. Si lo hiciéramos, el cannabis no tendría el lugar que tiene hoy en día. El prejuicio que hay está sentado en bases que no son reales”.

Pareciera que no basta con el hecho de que la planta ha sido una medicina milenaria utilizada por distintas culturas para aliviar condiciones como dolor, ansiedad o insomnio. Tampoco alcanza demostrar sus beneficios terapéuticos —científicamente comprobados— en el tratamiento de enfermedades como la epilepsia, la esclerosis múltiple o el cáncer.

A veces, la falta de acceso a la información (o la divulgación errónea por parte de los gobiernos y medios de comunicación) también es una deuda: una deuda de conocimiento, de sensibilidad y de respeto hacia quienes eligen sanar por otras vías.

En esa ausencia, entre lo que no regula y lo que persigue, se sostiene la necesidad de marchar. Porque mientras el Estado se demora en garantizar derechos, la comunidad cannábica sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: organizarse, resistir y florecer.

El contexto actual de la marihuana en Argentina y la necesidad de una Marcha Federal

El contexto actual del cannabis en Argentina es complejo; algo más, tal vez, que años anteriores. En un escenario político marcado por los recortes del gobierno de Javier Milei y un Ministerio de Seguridad que ha reinstalado lógicas represivas, la comunidad cannábica vuelve a la calle no por costumbre, sino por mayor necesidad.

Esta no es una fecha global como el 4/20, sino una convocatoria profundamente argentina y federal. Grace, del Movimiento Cannábico Argentino, lo explica así: “El 4/20 tiene una raíz más cultural y global, mientras que esta marcha es profundamente política y territorial. Es la voz de los movimientos cannábicos locales que se organizan en todo el país, exigiendo políticas públicas reales, no solo celebrando una fecha simbólica”.

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La sensación general dentro del movimiento en relación a las políticas públicas es de retroceso. Los trámites del REPROCANN están frenados, los permisos se demoran y los allanamientos a personas registradas se multiplican. Cris Roots comparte que “hoy el REPROCANN está muy frenado, al igual que dos o tres años atrás. Eso deja expuestas a muchísimas personas que, por uno o dos porros armados, tienen un problema legal, con la posibilidad de perder la libertad. […] La situación nos encuentra reclamando por la activación pronta del REPROCANN que está frenadísimo”.

A esto se suman las trabas médicas y administrativas que hacen que, incluso con diagnóstico, el acceso sea una odisea. “Alguien que hoy en día está un poco más alejado de lo que es la cultura cannábica […] le diría que intente hacerse el REPROCANN. Lo primero que va a tener que hacer es conseguir un médico que tenga la diplomatura, que no son muchos, y después va a estar entre uno y dos años en espera de aprobación”, añade Cris.

“Además, el programa cambia de condiciones cada seis meses”, advierte Ale Mancuso. “Eso genera incertidumbre, confusión y desalienta a quienes intentan hacerlo bien. No se puede construir una política de salud pública sobre una base tan inestable”.

No alcanza con el REPROCANN. Grace menciona que faltan derechos laborales para quienes producen y cuidan. Falta reconocer la economía popular cannábica. No alcanza con tener un permiso, faltan políticas de Estado. Julieta refuerza esta crítica: “El REPROCANN fue una conquista, pero no una garantía. El gobierno de Milei no hizo más que recortar, burocratizar y limitar los alcances del programa. Falta una política pública de acceso equitativo al cannabis, acompañamiento a las cuidadoras que sostienen tratamientos y la posibilidad de cultivar sin miedo”.

Mancuso coincide en que “es apenas un programa experimental para aquellas personas que quieren ser parte de eso desde una perspectiva medicinal, clínica y terapéutica”. “Un gran logro”, dice. “Una herramienta valiosa, “pero no más que eso”.

En ese contexto, la Marcha Federal es un llamado colectivo, soberano, nuestro, a seguir construyendo lo que el movimiento cannábico y la sociedad civil solo supo crear y lo que el Estado dejó caer.

El rol de las mujeres, los cuidados y la cuestión patriarcal dentro del movimiento

Una de las consignas más llamativas de esta Marcha Nacional de la Marihuana en Argentina es también una conquista histórica: por primera vez, el documento oficial incorpora la demanda feminista y el reclamo de espacios libres de violencias dentro de la comunidad cannábica. Porque la lucha por los derechos de la planta nunca estuvo separada de las luchas por el cuidado, la equidad y la autonomía.

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“Cambió la forma en que nos miramos”, cuenta Julieta de Mamá Cultiva. “Antes éramos ‘las mamás del cannabis’; hoy somos referentas políticas, sujetas de derecho y parte de una red de feminismos que atraviesa el movimiento. Y aunque se amplió el reconocimiento social y mediático, aún falta que eso se traduzca en políticas reales de inclusión y participación. Y dentro del propio movimiento empezamos a hablar de lo que antes se callaba: las desigualdades de género, el lugar que ocupan los varones y la necesidad de construir un activismo más horizontal y amoroso”.

En esa expansión, la marcha no solo exige al Estado, sino que también se transforma a sí misma. El feminismo entró por fin en el documento oficial, pero hace tiempo late en el corazón del movimiento.

¿El movimiento se está debilitando o se está fortaleciendo?

Son momentos difíciles —quizás nada novedoso para el cannabis—, donde la lucha se siente latir más fuerte que nunca. Y es justamente,cuando las crisis golpean que las organizaciones crecen, se motivan, salen a la calle y, valga la redundancia, se organizan.

En un contexto en el que el REPROCANN está parado, el Gobierno no responde, el Ministerio de Seguridad lleva a cabo persecuciones y represiones altamente violentas, los referentes no creen que el movimiento se esté debilitando, todo lo contrario. 

“Crecimos”, dice Grace, “nos hicimos más fuertes, más organizades y más conscientes del poder que tenemos cuando nos encontramos. La lucha se expandió: dejó de ser solo por el cannabis medicinal para hablar de derechos humanos, género, cuidados y soberanía”.

En la misma línea, Ale observa un proceso de madurez y de expansión interna. “Si mirara un año atrás hacia el movimiento, hacia adentro, el movimiento está más sólido, más ordenado, más agrupado. Hoy tenemos en todo el país federaciones como la Federación Argentina de Cannabis y de Cáñamo, la FECANNBO, la FECCA… Un montón de agrupaciones y de federaciones, de actores que también se fueron institucionalizando. Me parece que hoy tenemos un movimiento mucho más grande, que empezó a tener participaciones provinciales, nacionales e internacionales. Llegamos cada vez más a la familia. Se está fortaleciendo y estamos cada vez más cerca del objetivo colectivo de regulación integral del cannabis”.

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Mancuso también aporta una dimensión concreta de ese crecimiento: “Hoy tenemos más de 1500 solicitudes de asociaciones para vincularse al programa, estimo que deben ser entre 2000 y 2500 asociaciones civiles intentando insertarse”. Aun cuando el Estado elige mirar hacia otro lado y posponer los permisos, la organización no se detiene: las redes, asociaciones y cooperativas crecen a un ritmo que ningún decreto logra frenar. En ese movimiento que sigue multiplicándose, se sostiene la esperanza de un cambio real, desde abajo y a pesar de todo.

Pero para otros, la cuestión sigue siendo dura. Cris cree que “del año pasado a hoy pocas cosas fueron las que, de fondo, cambiaron realmente, o ninguna”. Repara especialmente en el REPROCANN, que “está frenadísimo. Y no digo desde el cambio de gobierno, ya lo estaba desde antes […], tiene que funcionar y no lo está haciendo, dejando en situación vulnerable a muchísimas personas, poniendo cada vez más requisitos. De fondo, no cambió la situación y es algo a marcar, algo grave”.

Así, entre la crítica y la convicción, se dibuja el estado actual del movimiento: más amplio, más diverso y más consciente de su poder colectivo, aunque todavía herido por la inacción estatal.

Este sábado, las calles serán un nuevo jardín donde crecerá la lucha y donde florecerá una historia que se niega a marchitarse.