Hungría Redobla la Apuesta con su Guerra Contra las Drogas: ¿Para Proteger a la Población o Asegurar Votos?

En las últimas décadas, la infame Guerra contra las Drogas ha estado disminuyendo, lento pero seguro. Cada vez más regiones optan por reemplazar políticas punitivistas por políticas centradas en la salud, que han demostrado repetidamente ser muchísimo más eficaces. Mas no es así el caso de Hungría: este país centroeuropeo parece estar cada vez más comprometido en perseguir a las y los usuarios de drogas.

Coherente con su propio historial (no olvidemos que fue el único país de la ONU que votó en contra de reclasificar el cannabis en 2023), Hungría se encuentra ahora redoblando su apuesta. Su primer ministro, Viktor Orbán, reafirmó su compromiso con la guerra contra las drogas en un discurso el mes pasado, declarando que “los traficantes no merecen piedad”. Pocos días después, se anunció su plan de reformar la constitución de Hungría para penalizar el uso de drogas, informa Drug Reporter.

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Las últimas semanas han visto un aumento de redadas realizadas por la policía, según Euro News. El objetivo de éstas ha recaído principalmente en las zonas rurales y pobres, donde el uso de drogas baratas y sintéticas se ha convertido en un problema mayor.

Estas medidas son justificadas bajo la impronta de “proteger a la población”, pero puede que tengan motivaciones menos benevolentes. Como señala el experto Péter Sárosi para Euro News, esta jugada parece tener más que ver con un intento de ganar votos, en un claro caso de “populismo penal”. Según una encuesta reciente, la inmensa mayoría de la población húngara apoya el recrudecimiento de sus políticas de drogas, que ya se encuentran entre las más duras de Europa.

¿Proteger o persuadir? La extraña relación del gobierno húngaro con la salud de su población

Así, varias organizaciones del rubro dencunciaron que esta última guerra contra las drogas “no es más que otra campaña publicitaria vacía destinada a conseguir popularidad barata entre la base electoral del gobierno, compuesta principalmente por personas con menor nivel educativo y menos urbanizadas”. No estamos, entonces, frente a un intento sincero de proteger la salud de la población.

Otra pista: a pesar de que Hungría es uno de los países con más muertes y enfermedades relacionadas con alcohol en todo el mundo, el gobierno no sólo ha liberalizado el mercado de bebidas alcohólicas, sino que lo ha alimentado económicamente. El anuncio del primer ministro fue acompañado por un plan para destinar EUR 2,5 millones a apoyar los “bares de pueblo”. En tal contexto, el bienestar y la salud de la población no parecería estar entre las prioridades del gobierno húngaro.

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Todo esto sin mencionar que ya existen otros métodos para proteger a las personas del uso indebido de sustancias. Políticas sociales de reducción de daños, centradas en la salud, que aborden las causas de fondo detrás del abuso de drogas (como la pobreza, la falta de vivienda y educación, la segregación y la falta de acceso a la salud)  han demostrado repetidamente ser muchísimo más eficientes que las de “mano dura”. De hecho, varias organizaciones y profesionales húngaros han pedido al gobierno que implemente tales medidas, pero han sido consistentemente ignorados.

Es más: en la última década, el gobierno húngaro se ha movido explícitamente en contra de estas políticas. Drug Reporter también menciona el cierre de programas de intercambio de agujas y del Instituto Nacional de Prevención de Drogas, la prohibición de brindar educación en escuelas, y un hostigamiento sistemático hacia las organizaciones de reducción de daños.

Cómo es la política anti-drogas de Hungría

Entonces: ¿qué ha hecho Hungría para proteger a su población de las drogas? La clave parece estar en la represión.

En 2013, se introdujo una estrategia nacional para liberar al país de drogas en un plazo de siete años. Ese mismo año, se modificaron y agravaron las sanciones relacionadas con las drogas en el Código Penal. En virtud de tales cambios, los traficantes de grandes cantidades de drogas se enfrentan a una potencial cadena perpetua sin libertad condicional. ¿Las consecuencias? Entre 6.000 y 7.000 personas, en su mayoría jóvenes usuarios de marihuana, son arrestadas cada año.

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Una y otra vez, casos reales alrededor del mundo demuestran con poco lugar a dudas que las políticas prohibicionistas severas simplemente no funcionan para disuadir a las personas del uso de drogas. Es más: la ilegalidad de las drogas suele beneficiar más que nada a los grandes narcotraficantes, que representan otro problema de fácil solución. El empeño por el punitivismo no está basado en evidencia real, sino en prejuicios anticuados y una filosofía represiva que, por suerte, ya queda más adecuada en siglos pasados.

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